El pedido de citar a obispos de la Iglesia Católica dentro de las investigaciones penales abiertas por el Ministerio Público dentro del caso de supuesto golpe de Estado, solo busca criminalizar y estigmatizar los esfuerzos de mediación y pacificación social desplegados por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) que junto a la comunidad internacional contribuyeron a la continuidad democrática en Bolivia, el 2019, manifestaron juristas independientes que buscan una reforma judicial.
“Consideramos que declaraciones públicas sobre los procesos judiciales en curso por parte de autoridades del Estado constituyen una forma de injerencia, que presiona y afecta gravemente la independencia de los jueces y fiscales”, señala el documento socializado por los juristas.
El grupo de Juristas Independientes rechaza el uso “abusivo” del sistema penal con fines de persecución política, expresando su solidaridad con los obispos del país, valorando su contribución mediadora en la solución de conflictos y convivencia democrática.
En ese marco convocan a la ciudadanía a continuar participando en el proceso de adhesión y recolección de firmas para viabilizar una reforma de la justicia que – según dicen- constituye la única esperanza para devolverle al sistema judicial su papel en la tutela de los derechos y libertades fundamentales, para que estas situaciones de abuso de poder y excesos no vuelvan a repetirse.