La correspondencia del trabajo social con los derechos humanos no solo es ético y político, lo es también, porque tiene conocimientos y busca satisfacer las necesidades humanas.
La intervención o participación de los profesionales de trabajo social en las distintas áreas del desarrollo de los derechos humanos, a través v. gr. de estudios de situación, la socialización de estos derechos, la protección institucional y coadyuvar en el desarrollo social, son cuestiones inherentes en su accionar.
La trabajadora o el trabajador social, desarrolla sus actividades en distintas esferas de la sociedad y del Estado, entre otros, trabaja en centros penitenciarios contribuyendo con su sapiencia en el proceso de reinserción social de las personas privadas de libertad, en casos de víctimas de violencia de los grupos en situación de vulnerabilidad (niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad). Están presentes en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas que tiene que ver con los derechos humanos, principalmente respecto al cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales (catalogados como derechos humanos de segunda generación).
Contribuyen de manera superlativa en la protección de los derechos humanos, desplegando para ello sus capacidades dirigidas al discernimiento, el análisis y la valoración de las situaciones sociales; evalúan la provisión de servicios a personas en situación de emergencia; determinan la intervención psicosocial en individuos, familias y comunidades; efectúan la planificación y programación de las actuaciones; la intermediación entre usuarios e instituciones; el análisis de los dispositivos sociales y propuestas de reforma; la gestión y administración de programas sociales o de apoyo, promoción y asistencia, etc.
Las relaciones entre el trabajo social y los derechos humanos, se establecen a partir del compromiso ético político del trabajo social con los derechos humanos. El marco normativo es la Constitución Política del Estado, que dicho sea de paso, es una de las constituciones más humanizadas del constitucionalismo mundial (sistema internacional), dado que toma en cuenta los convenios, pactos, tratados sobre derechos humanos, la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención por la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención por la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el Convenio de la OIT y otros, los cuales, pasan a formar parte del bloque de constitucionalidad.
En definitiva, las áreas de intervención son amplios y diversos, empero, los derechos humanos, están dentro de sus prioridades y principios fundamentales; no hay que olvidar que es una disciplina que tiene sus orígenes en los ideales humanitarios y democráticos.
El autor es Politólogo – Abogado y Docente Universitario.
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