El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reclamó ayer a los talibán que pongan fin a todas las leyes y prácticas discriminatorias que impiden el acceso a la educación de las niñas en Afganistán.
“Pido a los talibán que retiren la indignante y contraproducente prohibición al acceso a la educación secundaria y superior a las niñas y mujeres en Afganistán”, dijo Guterres en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter con motivo del Día Mundial de la Educación.
“Ahora es momento de poner fin a todas las leyes y prácticas discriminatorias que socavan el acceso a la educación”, señaló, tras destacar que la educación es un derecho fundamental y el pilar de las sociedades.
Los talibán, que se hicieron con el poder en agosto de 2021 tras la toma de Kabul, anunciaron en diciembre que extendían la prohibición de acceso a aulas a las mujeres a las universidades, tras meses de suspensión en educación secundaria.
Las autoridades en talibán hicieron frente a críticas por el cierre de centros educativos y la exclusión de las alumnas de los mismos, en medio de una batería de medidas discriminatorias contra las mujeres que las alejan de sus puestos de trabajo y rigen aspectos de su vida diaria.
Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que Afganistán hace frente a una crisis humanitaria sin precedentes con un riesgo muy real de un derrumbe sistémico y la catástrofe humana.
“Además de unos costes humanos inimaginables, esta crisis humanitaria está haciendo retroceder los avances de los últimos años, también en lo relativo a los derechos de las mujeres”, destacó el organismo, que recordó que el colapso del Gobierno de Ashraf Ghani derivó en la suspensión de la ayuda directa internacional.
En este sentido, destacó que 28,3 millones de personas, cerca de dos tercios de la población, necesitarán ayuda humanitaria urgente en 2023 para sobrevivir, en un momento en el que el país entra en su tercer año consecutivo de condiciones similares a la sequía.
La OCHA manifestó que 17 millones de personas harán frente al hambre aguda este año, incluidos seis millones de personas en niveles de emergencia de inseguridad alimentaria, lo que les sitúa a un paso de la hambruna.
“Se espera un deterioro durante el primer trimestre de 2023 debido a los efectos simultáneos del invierno y la temporada de escasez, los altos precios de los alimentos, la reducción de los ingresos y el aumento del desempleo, así como la continuada caída de la economía”, argumentó.
La cifra de personas en situación de necesidad de ayuda humanitaria se incrementó de 24,4 millones de personas en 2022 y de 18,4 millones en 2021. Por ello, la OCHA pidió inversiones sustanciales en infraestructura hídrica, agricultura sostenible, reforma de la política de género y estabilización macroeconómica. (Europa Press).
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