Inestabilidad política impide una paz social

Cuanto más espera el pueblo que haya una estabilidad política en aras de arribar a una calma y convivencia social, más difícil es que sean logrados términos de avenencia entre las fuerzas político-partidistas y aquella llamada de oposición. Los hechos de Santa Cruz y el apresamiento del gobernador Luis F. Camacho del departamento de Santa Cruz imposibilitan cualquier gestión que se haga en pos de alcanzar climas de armonía.
El Gobierno, dice estar dispuesto a dialogar con las fuerzas políticas, pero se mantiene en posición pertinaz en contra de todo lo que dispongan ciertas autoridades departamentales, como el gobernador cruceño, porque, según parece, prevalece la soberbia, que impide instaurar climas en que primen la paz y la concordia. Tal actitud se debería a la posición inquebrantable del que “tiene el poder y lo demás nada importa”. ¿Desde cuándo puede tener importancia solo lo que digan las autoridades nacionales? ¿Ser gobierno implica imposición? ¿Por qué evitar el diálogo a fin de concordar con los demás?
Parecería que tanto el presidente Luis Arce como sus ministros han tomado posesión del país y creen que pueden manejarlo a su arbitrio, por tener instrumentos para reprimir con violencia, hasta destruir. Sin embargo, las autoridades nacionales tienen a su disposición las armas de la ley, así como el diálogo y la concordancia de criterios y opiniones, con la posibilidad de arribar a acuerdos y convenir soluciones para los problemas que se presenten. Pero con soberbia solo se llegará a los peores extremos, porque cada quien quiere hacer su voluntad, atenido a sus intereses y conveniencias.
Principios de buena fe determinan que el gobierno deponga actitudes duras que últimamente muestra en su trato con quienes debe dialogar; de otro modo se corre el riesgo de que se endurezcan las posiciones y se agrave la discordia, en lugar de la concordia que debería reinar entre los componentes del país. El poder está para servir y no para asumir actitudes de fuerza, puesto que se debe convenir en que los gobernantes son servidores de la nación.