En 2013, el país llegó a producir 60 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y en 2022 cerró en 42 MMmcd. Esto se explica por la falta de nuevos yacimientos.
Álvaro Ríos, analista en temas de hidrocarburos, sostuvo que la capacidad de producción de Bolivia será en este próximo invierno de 37 millones de metros cúbicos día; de este volumen se destinará 14 MMmcd para el mercado interno y 17 MMmcd para el Brasil. El saldo, entre seis o siete millones de MMmcd, ¿será suficiente para atender las necesidades de Argentina?
El año pasado, debido a los altos precios del crudo en el mercado internacional, YPFB decidió enviar más gas a Argentina, con un precio promedio de 20 dólares el BTU, reduciendo sus envíos al Brasil.
YPFB recién concentrará sus esfuerzos en el desarrollo comercial del gas natural y diversificará su cartera de clientes en Brasil.
Los medios de comunicación argentinos también indicaron que Brasil estaba más cerca de Argentina para su abastecimiento de gas natural.
Mientras el país requiere a los inversionistas petroleros, Argentina trabajó para atraerlos. Alejandro Monteiro, Ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén (provincia argentina) explicó: “Empezamos en 2013 con el otorgamiento de la primera concesión no convencional a YPF en asociación con Chevron para llevar adelante un primer proyecto en Loma Campana. Luego vinieron una serie de nuevos contratos. Hoy ya tenemos 45 concesiones entregadas a 35 años con cláusulas de estabilidad fiscal y jurídicas”.
Según Monteiro, esas concesiones tienen una inversión estimada de unos 200.000 millones de dólares, “de los que ya se invirtieron algo más de 30.000 millones en estos diez años”.
El resultado lo tienen ahora, como lo expuso en el “Latin American Energy Transition Summit” sobre el presente y futuro de Vaca Muerta, que tendría un potencial para abastecer a Argentina por 200 años.
La normativa vigente en el país, empezando por la Constitución Política de Estado, cerraron las puertas a la inversión privada que optó por irse del país, porque no aceptaba las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno.
La cada vez menor producción de gas sumada a la creciente demanda de gasolina y diésel incrementa cada año el déficit en la balanza comercial hidrocarburífera.
El analista Francesco Zaratti, experto en temas energéticos, explicó que la Ley de Hidrocarburos y la Constitución Política del Estado, se han constituido en “camisas de fuerza”.
Por más que se quiera maquillar la situación, no se puede eliminar el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que ha nacido al calor de tres mega campos, donde había una gran producción y una gran ganancia. “Eso se agotó, por tanto, ya no tiene sentido aplicar un impuesto que significa una participación del Estado cercana al 80%”.
Luego advirtió que cambiar las alícuotas del IDH no es tarea fácil, pues implica cambiar leyes y cambiar la Constitución, especialmente cambiar ideología. “El Gobierno sabe eso, no lo dice, no lo acepta y va en busca de paliativos”.
Esta realidad nos sitúa frente a un problema estructural. Si no se hace cambios dramáticos y urgentes, dentro de pocos años nos veremos en la necesidad de importar carburantes para atender todas nuestras necesidades.
Esos cambios hacen referencia a modificaciones radicales en la Constitución y las leyes para atraer el capital privado extranjero, interesado en la actividad petrolera; o promover en forma acelerada nuevas fuentes de energía, amigables con el medio ambiente.
Y, para generar nuevos ingresos, que sustituyan a los provenientes de la venta de gas, se tendrá que buscar inversión privada para actividades como: la agricultura, turismo, minería, economía 4.0 y economía naranja, áreas donde tenemos un gran potencial.
De acuerdo con los planes del Gobierno, este año podría empezar la exportación de electricidad a Argentina, cuando concluya el tendido de la línea de transmisión de 74 kilómetros, que podría llevar 120 MW. Y espera concluir la planta de generación eléctrica en Santa Cruz, de aproximadamente 100 mega wats, que le permitirá exportar energía al Brasil.
El 75% de la energía en Bolivia se genera con métodos termoeléctricos que tienen un impacto elevado en la emisión de CO2. Pensando en el cuidado del medio ambiente esperamos que el Gobierno termine la segunda fase de la Planta Solar Fotovoltaica de Oruro, que generará 50 MW. Los parques eólicos e Warnes, San Julián y El Dorado en Santa Cuz, generarán otros 108 MW.
Para captar el interés de los inversionistas extranjeros el país necesita hacer algunos cambios urgentes. Lo primero, mejorar la Ley de Arbitraje y luego preparar una nueva Ley de Inversiones, que contemple un tratamiento especial para la inversión extranjera directa.
Si queremos inversionistas para descubrir nuevos reservorios de gas, urge también una nueva ley de hidrocarburos y otras normas sectoriales que permitan garantizar las inversiones que se hagan.
El autor es Economista, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales, Académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL.