La opinión pública de nuestro país, está consciente que la administración de justicia que conforma el Órgano Judicial, ha perdido toda credibilidad, debido a la dependencia de los jueces y fiscales ante el poder político, la corrupción y la falta de idoneidad profesional, que han determinado que vivamos en una sociedad sin justicia, es decir una sociedad injusta.
La debilidad institucional de la justicia boliviana, deviene de mucho tiempo atrás, como parte de un Estado de escaso desarrollo y, en consecuencia, de bajísimo nivel de desarrollo humano, el más atrasado de Sudamérica. En este tiempo esa administración de justicia ha llegado a los niveles más bajos de desempeño, de tal manera que la ciudadanía está privada de acceso a la justicia.
Ha sido en la anterior versión del régimen, en el largo gobierno de Evo Morales, que éste, siguiendo el líneamiento de las dictaduras populistas de izquierda nacidas en el Foro de San Pablo, arremetió contra las instituciones del Estado, entre ellas el Órgano Judicial, promoviendo juicios de responsabilidad en el Órgano Legislativo, donde tenía mayoría de miembros, para descabezar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, para luego ser reemplazados por “masistrados” de su partido y luego toda la judicatura.
El nivel de desarrollo de una sociedad, no solo se mide por sus avances económicos, sino por la eficacia y eficiencia de la imposición de la ley, que los administradores del Órgano Judicial deben imprimir en sus actos, para garantizar a todos la Justicia que demandan en sus controversias con otros y con el Estado, esto lo garantiza la Constitución Política del Estado y las normas internacionales que amparan los de Derechos Humanos.
La buena administración de justicia, es una garantía para la vigencia de los derechos, garantías y seguridad jurídica de los ciudadanos, en un Estado de Derecho donde todos, gobernantes y gobernados, están sujetos a la ley y su cumplimiento, por encima de las influencias de intereses individuales y político partidarios, que dañan la vida de la sociedad, pues en una sociedad libre, tiene que haber justicia libre de presiones.
Hace unos días, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar, hizo una invocación a los jueces del país, “para que no se sometan al poder y asuman con dignidad el riesgo por sus decisiones acordes a la Constitución o, de lo contrario, den un paso al costado” (EL DIARIO, 7 de enero de 2023).
La invocación del presidente del más alto tribunal de justicia, responde, como él mismo lo dijo, a la responsabilidad de impartir justicia para todos, sin importar los colores políticos, y sí la aplicación del derecho y la Constitución, respetando las garantías constitucionales, los derechos humanos y el debido proceso. Es la primera vez que un miembro del Órgano Judicial se pronuncia en estos términos, acorde a la demanda de la población, que pide una administración de justicia independiente y proba, como señalan las leyes.
Este año se debe elegir a nuevos magistrados de las altas instancias del Órgano Judicial, elección que antes pasa por el Legislativo, donde lamentablemente las mayorías partidarias, elijen ya a los candidatos que luego son votados por el pueblo soberano, el mismo que en dos oportunidades, en elecciones anteriores, votó mayoritariamente en blanco y nulo, de tal manera que los candidatos del oficialismo, perdieron legitimidad, pero asimismo fueron posesionados y ejercieron sus funciones, al servicio del poder político, salvando las excepciones de magistrados y jueces dignos que se sometieron solo a la ley.
Lo dijimos en otras oportunidades, la división e independencia de los Órganos del Estado, es uno de los principios de la democracia y en especial la del Órgano Judicial, que es la última instancia de defensa de los derechos y libertades ciudadanas, ya que “sin Justicia independiente no hay Democracia”. La administración de justicia, por su altísima responsabilidad, debe ser encomendada a los más probos profesionales del derecho y no a improvisados partidarios del oficialismo, pues para una buena administración de justicia, no son suficientes buenas leyes, sino también buenos magistrados y jueces.
El autor es Abogado, Politólogo, Escritor y Docente de Educación Superior.