Ante la denuncia de Comunidad Ciudadana (CC), en sentido que el Gobierno retiró de Bolivia a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, autoridades nacionales aclararon que no expulsó a ese organismo, sino ha vencido un acuerdo y ahora la coordinación se realizará directamente con Ginebra.
En representación de la principal bancada de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la senadora Andrea Barrientos afirmó que en la actualidad se lleva adelante un “Plan Siniestro” del Movimiento al Socialismo (MAS) cuya finalidad es afectar la vigencia de los derechos humanos en el país, así como cortar el trabajo de todas las instituciones encargadas de velar por su aplicación.
La legisladora detalló que parte de este plan tuvo que ver con la elección irregular, por parte de la mayoría oficialista en la ALP, de un nuevo titular en la Defensoría del Pueblo, sin haber alcanzado los consensos necesarios para la designación en un cargo importante en pro de la defensa de los derechos de la población.
Según la legisladora, con el retiro de esta instancia, se deja a la población boliviana en total estado de indefensión, teniendo en cuenta que en el pasado se han sacado a otras instituciones de defensa de derechos humanos, constituyéndose, la última de este tipo, en territorio nacional.
Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que el acuerdo de sede que se tenía para el Alto Comisionado ha fenecido el 31 de diciembre, pero enfatizó la intención del Gobierno de seguir en el marco del sistema universal de derechos humanos y su relación con la oficina de la ONU en Ginebra.