La vicepresidenta del comité de autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Rosalba V., quien se encarga de su nieto de dos años, una hija de 13 y otra de 25 con epilepsia, fue enviada ayer con detención domiciliaria sin derecho a trabajo, imputada por la toma violenta del mercado ilegal de coca, el pasado 8 de septiembre.
La abogada Evelin Cossío que patrocina a la dirigente cocalera informó ayer que después de tres horas de audiencia cautelar, el juez Diamantino Pacheco, posesionado por el expresidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, en suplencia legal del juzgado Séptimo Cautelar de La Paz, ordenó la detención domiciliaria, las 24 horas, de su clienta.
“Se ha otorgado la detención domiciliaria en favor de la señora Rosalba V., la presentación de dos garantes, arraigo, la firma de biométrico cada lunes, la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, asimismo la prohibición de concurrir ni acercarse a la víctima”, precisó Cossío a radio FmBolivia.
Respecto a la solicitud de una fianza de Bs 50.000 que pedía la Fiscalía, la jurista aclaró que la autoridad judicial vio pertinente no imponer el extremo.
La dirigente cocalera fue aprehendida el Día de la Mujer Boliviana. Según testigos, ella y otros productores iban a bordo de un minibús del sindicato de Chulumani hacia sus domicilios. Pero el motorizado fue interceptado por dos vehículos con policías vestidos de civil, en inmediaciones de La Periférica de La Paz.
El abogado que asesora a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Jorge Valda, lamentó que con esta decisión judicial la familia de la dirigente cocalera también esté siendo afectada, ya que ella es la única que los sostiene económicamente.
“La señora tiene dos hijas y un nieto, el nieto tiene dos años, su hija mayor de 25 años tiene epilepsia y no puede trabajar por su enfermedad, así que ella se hace cargo de ellos, además de su hija de 13 años que también tiene problemas en la pierna”, precisó el jurista en entrevista con EL DIARIO.
Valda aclaró que las labores que realiza la dirigente, como la comercialización de la hoja de coca, no puede hacerse dentro del domicilio.
“Todas sus actividades se han visto truncadas por una denuncia que ni siquiera tiene sentido, por ejemplo, para detener a Porfirio R., utilizaron las imágenes de la supuesta toma, en la que supuestamente aparecía Porfirio, por lo menos tenían esa excusa para la detención, ahora no tienen absolutamente nada, la señora Rosalba ni siquiera estaba presente, ella participó de la marcha del 8 de septiembre, pero no estaba lanzando bombas molotov desde el techo del mercado ilegal, ni siquiera tenía armas”, manifestó.
Lamentó que la dirigente esté siendo procesada solo por ser parte de la dirigencia de Adepcoca y que la justicia también deje en indefensión a los menores.
“¿Qué pretende la justica, que los menores trabajen para mantener a su mamá? La ley establece claramente, no se puede imponer la detención de una persona que está al cuidado de menores de edad”, aseveró.
COCALEROS DETENIDOS
Rosalba es la sexta de los dirigentes detenidos por la quema y destrucción del mercado ilegal que funciona en la zona de Villa El Carmen, liderado por el dirigente afín al Movimiento al Socialismo (MAS), Arnold Alanes.
La imputación es muy similar a las que presentó la Fiscalía contra los líderes cocaleros que fueron enviados a la cárcel con detención preventiva y contra una dirigente a la que también dieron detención domiciliaria.
Además de argumentar en la imputación el riesgo de fuga, la obstaculización en el proceso de investigación, influir en los testigos o en la posibilidad de alterar las pruebas, la Fiscalía señaló que tiene un perfil violento, no detalla las razones y se limita a sostener que convocó a la movilización y a la toma del centro de abasto ilegal.
“Presenta una conducta violenta y agresiva recurrente e irracional que representa un riesgo para la sociedad”, porque convocó a la marcha sostiene el Ministerio Público.
Rosalba fue imputada prácticamente por los mismos delitos que a Freddy M., César A., Raúl U., Gudelia B. y Porfirio R., este último productor de coca tiene amputada una mano y tres dedos, sin embargo, para la Fiscalía asegura que él tenía “en sus manos cachorros de dinamita” e incluso los lanzó al mercado ilegal el 8 de septiembre.
LEY
La abogada Evelyn Cossío, que asesoró a Adepcoca, aclaró que el mercado liderado por Alanes es “ilegal”, porque el artículo 24 de la Ley 906 reconoce solo a dos mercados: el de Sacaba en Cochabamba y Adepcoca en La Paz, este extremo fue ratificado en el artículo 23 del reglamento de la Ley General de la Coca.
Aclaró que el artículo 23 del Decreto Supremo 3318 (reglamento de la Ley General de la Coca), establece además que el “Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra es la única instancia competente para autorizar, controlar y regular los mercados de coca, a través de Resolución Ministerial”.
En ese marco aclaró que Adepcoca cuenta con la Resolución Ministerial 342 en cuya parte resolutiva establece que el único centro de hoja de coca va a ser el mercado de Adepcoca de Villa Fátima, ubicado en la calle Arapata.
El pasado 8 de septiembre, una marcha que salió días antes de los Yungas llegó a La Paz y concluyó con la toma violenta del mercado ilegal.
Los productores de Adepoca salieron del municipio de Chulumani y marcharon cinco días tocando instrumentos de viento. Mujeres con sus niños y niñas cargados en sus espaldas. Muchos afectados por la caminata con ampollas y resfríos por el intenso frío de madrugada.
Al llegar al mercado ilegal fueron recibidos con miguelitos y petardos que eran lanzados desde la terraza del pedio, asimismo detonaban dinamita por doquier. Por esos extremos ninguna persona fue detenida.
La marcha logró el cierre del mercado ilegal, empero la Fiscalía dio pie a su reapertura, luego que retiró el precintado.
En la oportunidad, el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, cuestionó que las autoridades de Gobierno hayan “minimizado” la marcha, empero se mostró abierto al diálogo, pero con funcionarios que tengan poder de decisión. El pedido principal de la marcha fue el cierre del mercado paralelo dirigido por Alanes.
OTROS CASOS
A diferencia de los dirigentes cocaleros que fueron enviados con detención preventiva o domiciliaria, algunas autoridades del partido de Gobierno fueron beneficiado con detención domiciliaria con permiso laboral, como el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, implicado en la compra, presuntamente “irregular” de 41 ambulancias.
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, también fue beneficiado con detención domiciliaria con salida laboral, cuando enfrentó un proceso por, presuntamente, haber consumido bebidas alcohólicas en su despacho junto a otras personas. El caso fue cerrado y la autoridad fue sobreseída. (EL DIARIO y ANF).
