Después de conocerse el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde recomienda al Estado boliviano reparaciones para las víctimas del asalto al hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra, en abril de 2009, el abogado Jorge Santistevan, manifestó a EL DIARIO que si el país cumple las mismas se ahorraría millones de dólares.
“La CIDH tiene como norma que las reparaciones no significan enriquecimiento ni emprobrecimiento a las víctimas, entonces los montos que generalmente, por jurisprudencia, se ha pagado oscilan entre los 30.000 a 70.000 dólares máximo, a diferencia de las cortes federales de los Estados Unidos, cuyas sanciones pecunarias o económicas son de millones de dólares, según los daños ocasionados”, dijo el jurista.
El pasado fin de semana se socializó el informe de la CIDH, el mismo refiere que el Estado boliviano es responsable por “graves violaciones de derechos” de tres extranjeros y dos bolivianos que fueron acusados por el presunto delito de terrorismo que inició en 2009 y concluyó en 2020, con el sobreseimiento de los implicados.
La denuncia a la CIDH fue presentada por el abogado Gerardo Prado Herrera y la madre del irlandés Michael Dwyer, joven de 25 años que fue ejecutado en el operativo de 2009.
La petición, presentada en septiembre de 2009 y admitida en 2018, alegaba “responsabilidad internacional” del Estado boliviano por la “ejecución extrajudicial, torturas y detención ilegal de las presuntas víctimas” (el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó), los sobrevivientes de la operación policial, además de los bolivianos Juan Guedes y Alcides Mendoza.
Santistevan manifestó que la CIDH admitió la denuncia después de ocho años porque antes estaban “elementos” que no permitían el avance.
“Luego de ocho años recién la CIDH admitió la demanda, no fue admitida antes porque la comisión estaba conformada por muchos elementos que formaban parte de las directrices del foro de Sao Paulo”, precisó.
Parte del documento señala: “La Comisión concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial”.
RECOMENDACIONES
El organismo hizo cuatro recomendaciones al Estado, entre ellas, reparaciones para las víctimas, disponer las medidas de salud física y mental que correspondan para su rehabilitación y adoptar las medidas necesarias para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir.
Además recomienda “iniciar una investigación penal” para esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan.
En ese marco, Santistevan aseveró que la CIDH comunicó al peticionario como al Estado con la aceptación de la demanda y también invocó a las partes a una solución amistosa.
“El Gobierno no respondió, no se acogió a esa recomendación, por lo que procedieron a hacer la investigación. A partir de la admisión, al Estado se le pedía argumentos, observaciones y todo lo que presentaba también la parte peticionaria, y no pudo demostrar que no hubo violaciones a los derechos humanos”, dijo.
Asimismo apuntó que el Estado boliviano en su afán de hacer dilatar el proceso, respondía siempre tarde.
“Al tratarse de graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir esta recomendación”, indica el documento.
REPARACIONES A LAS VÍCTIMAS
Santistevan manifestó que cuando se habla de las reparaciones a las víctimas, se entiende que se haga desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, que en este caso son materiales e inmateriales.
“La naturaleza y el monto de la reparación dependen del daño ocasionado, tomemos en cuenta que han estado muchos años en la cárcel, el daño psicológico, físico y mental que han sufrido en la detención y las torturas recibidas por parte de funcionarios de gobierno”, aclaró.
Asimismo, el jurista apuntó que el informe conclusivo de la CIDH es vinculante para el país, así como lo será la sentencia que va a emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuando inicie el proceso al Estado boliviano.
“La competencia de la CIDH es porque tienen carácter de competente para conocer este caso, en razón de que Bolivia es parte en la Convención Americana, por lo tanto no hay duda de que de que todos los informes y resoluciones emitidos tienen un carácter vinculante. Cuando el caso pase a juicio, la Corte va a ratificar la sentencia en base a las recomendaciones del informe que está presentando la CIDH”, dijo.
TERRORISMO
El caso denominado terrorismo inició el 16 de abril de 2009, cuando un grupo de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) realizó una operación en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, mismo que concluyó con tres extranjeros muertos, incluido Dwyer, y la detención de Tadic y Tóásó, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía atentar contra el entonces presidente Evo Morales.
En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión cada uno por alzamiento armado contra la seguridad del Estado con fines secesionistas.
Los procesados siempre denunciaron que el caso respondía a motivos políticos para acallar a líderes opositores de Santa Cruz que pudieran enfrentarse a Morales, e incluso varias versiones durante la investigación pusieron en duda que el tiroteo en el hotel fuera una acción antiterrorista.
