Creación de líneas de minibuses es negocio para dirigentes

La Ley interviene cuando hay caos, amenazas, paros, bloqueos que “perjudican a la sociedad”. En cuanto al problema del servicio de transporte público paceño, si abordas un minibús en el centro paceño, por embotellamiento de motorizados es mejor caminar para llegar a tu destino. Esta situación empeora cada vez que crean o autorizan nuevas líneas de minibuses, que causan más congestión vehicular, más trameajes. ¿Esas autorizaciones serán legales o manipuladas con corrupción? Habría que investigarlas.
Según la Ley Orgánica del Ministerio Publico, Articulo 3°.- (Finalidad) Tiene por finalidad defender la legalidad y los “intereses generales de la sociedad”, ejercer la acción penal pública e interponer otras acciones; en el marco establecido por la CPE.
Esta norma permite a la Fiscalía de oficio: investigar las autorizaciones de las alcaldías: Si las directivas de ambas juntas de vecinos firman las autorizaciones de servicio de transporte, tendrían legalidad. Si firma solo el presidente de la junta serian ilegales, porque genera conjeturas, ¿corrupción?
Revisar las autorizaciones raras: Un mismo sindicato crea nuevas líneas para la misma zona, con paradas a una o media cuadra. Las autorizaciones solo hasta centro paceño (trameaje). Y para descongestionar vehículos, derogar las autorizaciones desde 2015.
Indagar a los minibuseros de base, cuánto pagaron por ingresar a la línea. Con el pretexto de creación de nuevas líneas los dirigentes recaudarían mucho dinero, por ingreso. Según transportistas de base, les habrían cobrado entre 1.000 y 1.500 dólares.
Si pagarían 1.000 dólares por ingreso de cada minibús, por 100 minibuses recaudarían 100.000 dólares, tanto dinero a dónde va, quién controla o fiscaliza. La Fiscalía debe intervenir, las calles son de propiedad del Estado, no de los dirigentes.
La Fiscalía debe investigar y sancionar a los dirigentes de choferes, funcionarios de la alcaldía y presidentes de las juntas vecinales. Y todos debemos participar para solucionar el problema del servicio de transporte público en las ciudades de La Paz y El Alto. Incluso el presidente Luis Arce, mediante su Ministro de Justicia que investigue y ayude a la Alcaldía en el “ordenamiento vehicular en la Sede de gobierno”, para evitar embotellamientos de motorizados, que son muy perjudiciales.
La creación de nuevas líneas de minibuses es un negocio para los dirigentes de choferes, perjudican a sus bases (choferes) causando más congestión vehicular con nuevas líneas, y perjudican a la población.
Si no se soluciona hoy, mañana será peor en el centro paceño.