Beneficio judicial para implicados por coima en ABC

Inesperada fue la detención domiciliaria que benefició al responsable del pago de la millonaria coima a la ABC y, presuntamente, al Director Regional de la estatal en Chuquisaca. Se trata de la carretera Sucre-Yamparáez. El nombre del segundo, extrañamente no ha sido difundido. El primero es Jin Zhengyuan, gerente de Harbour Engineering Company.
Esta decisión judicial se hace sospechosa de algún “acuerdo” bajo cuerda, como en casos similares y a nivel nacional trasciende casi cotidianamente. En este tren de conducta incorrecta de la Justicia y del Ministerio Público, es muy posible que la opinión pública vea una especie de desfile por turno de los implicados en el caso coima de la ABC, para que con el manido procedimiento queden liberados. A partir de esa decisión, ya nadie recuerda los centenares de casos de coimas por obras y compras con sobreprecio. Lamentablemente, así se maneja la justicia en el país y así campea la impunidad.
Por su parte, Edgar Montaño, Ministro de Obras Públicas y Henry Nina, presidente de la ABC, no han sido denunciados y permanecen tranquilos. A Nina, dirigente de los Interculturales, Evo Morales le enrostró de corrupción y el aludido le respondió “mentiroso”. Al gobierno de Luis Arce no se le “mueve ni un pelo” por estas acusaciones. Si del ex presidente Morales se dice que fue tolerante con sus militantes en casos de corrupción, de Arce se puede decir lo mismo. Todo presidente trata de diferenciarse en algo de sus predecesores, como sello personal. El actual primer mandatario no solo es un continuador de la política y del estilo de Morales, sino que en materia de corrupción se muestra bastante solidario con los responsables. Se afirma esto porque todos sabemos que no hay justicia. La verdad es que jueces, magistrados y fiscales son solo empleados del gobierno y del partido de turno en el poder. La independencia judicial es una quimera en el Estado Plurinacional.
Sorprende la noticia de que, liberado de la cárcel de Sucre, ahora el súbdito chino Zhengyuan es imputado por el Viceministerio de Transparencia junto al ciudadano Jesús Aguilar, empresario unipersonal, quien prestó su nombre para cobrar del Banco el 50% de la coima del 4% del valor del contrato caminero Sucre-Yamparáez. La mitad del soborno es de más de 4 millones de bolivianos. Aguilar tenía caduco su registro empresarial y también su NIT ante el SIN, lo que invalida su intervención bancaria y da origen a su captura. ¿Será posible que Transparencia siga el proceso hasta el final? Es ilusorio, conocida como es la impunidad política imperante. Veremos.