El diputado por la agrupación Creemos, Erwin Bazán, denunció que el Movimiento al Socialismo (MAS) busca judicializar el paro cívico procesando injustamente a ciudadanos que exigen un censo oportuno y transparente, razón por la que actualmente jóvenes del Plan 3000, además de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista enfrentan procesos, sin que se especifique los delitos por los que se intenta imputarlos.
En conferencia de prensa, Bazán reprochó el hermetismo con el que actúa el fiscal asignado al caso, ocultando información sobre la figura legal con la que se pretende cautelar a los jóvenes del Plan 3000, hecho que demuestra la forma en que el aparato judicial controlado por el oficialismo inició una persecución política contra los cruceños.
“El gobierno del MAS intentaría consumar la persecución judicial contra el paro y los ciudadanos que acataron esta medida disciplinadamente, en este momento tenemos 4 aprehendidos en el Plan 3000, ciudadanos que fueron aprehendidos en condiciones realmente arbitrarias e inconstitucionales solo por vistas en dictadura”, afirmó.
El legislador además cuestionó que no exista claridad sobre los motivos de la aprehensión, puesto que el asignado al caso entregó todo el cuaderno de investigaciones al fiscal, quien no responde el teléfono, situación que hace imposible realizar la defensa técnica de los jóvenes.
Previamente, la diputada María René Álvarez, denunció una ilegal demanda penal interpuesta por la hija del alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, contra miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, que no participaron de hechos violentos
La parlamentaria señaló que el Gobierno una vez más pone en evidencia el utilitarismo político al que es sometida la administración de justicia, esta vez para tratar de atribuirles un auto atentado contra el inmueble del alcalde cruceño.