Recuerdan que designación de Mariaca en ALP fue irregular

Ante la polémica por la determinación del gobierno norteamericano de revocar las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos por acusaciones de corrupción, entre ellos Roger Mariaca, actual fiscal General del Estado en Bolivia, el exdiputado Alberto Astorga recordó que la máxima autoridad del Ministerio Público accedió al cargo con el respaldo del “masismo” en el Parlamento, pese a la división interna que sufrió el partido azul durante el gobierno de Luis Arce.
Según Astorga, lo que se vio en la pasada legislatura, fue una serie de anomalías antes y durante la designación de Mariaca, pues la determinación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) contó con el respaldo de parlamentarios “evistas” y “arcistas”, a pesar de la disputa irreconciliable en el oficialismo y los cuestionamientos de la oposición por una supuesta cercanía y afinidad de la actual autoridad con el “masismo”.
“En Comunidad Ciudadana no apoyamos la postulación del actual fiscal general, porque habíamos observado que tenía vínculos con el Movimiento al Socialismo (MAS), por lo que prácticamente su posterior nombramiento fue irregular”, dijo.
Asimismo, aseveró que la unificación de las alas del “masismo” para posibilitar la designación de Mariaca no fue una simple casualidad, sino una maniobra política para contar con un “alfil” en instancias de la Fiscalía General del Estado (FGE), un acto que posteriormente levantó serias sospechas por supuesto favorecimiento en procesos por corrupción en los que se terminó beneficiando a exautoridades y funcionarios del pasado régimen.
En esa línea, afirmó que los señalamientos y denuncias que llegan desde el exterior del país respecto al proceder y los vínculos del fiscal Mariaca, deben ser investigadas por una comisión especial del Parlamento, ya que se está afectando la credibilidad del Estado boliviano y la transparencia con que se realizan las designaciones de altas autoridades en la ALP.
A esto se suma que otros señalados por el gobierno norteamericano también cuentan con antecedentes de haber sido cercanos al MAS y sus jerarcas, lo que explicaría por qué no se avanza en las gestiones para ejecutar aquellas órdenes de aprehensión pendientes de cumplimiento contra Evo Morales y otros procesos por corrupción en los que se involucra a autoridades de pasados gobiernos.
“En su momento, como opositores no hemos votado a favor de esta designación porque veíamos vínculos con el Movimiento al Socialismo. Bajo el antecedente de su elección y ahora con las denuncias que están llegando desde Estados Unidos, lo que correspondería es que la autoridad dé un paso al costado y que la Asamblea Legislativa haga las investigaciones correspondientes”, finalizó Astorga.
El lunes, desde la Secretaría de Estado de los Estados Unidos se informó sobre la decisión del gobierno norteamericano de cancelar las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, además de sus familiares, a quienes se acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico y conspirar contra sus respectivos gobiernos.
La nómina de personas señaladas por el gobierno norteamericano alcanza a funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países con líderes afines al presidente Donald Trump.
Entre los nombres de esta lista se encuentra el fiscal general Roger Mariaca y otros fiscales y jueces bolivianos, 12 de los cuales fueron identificados como titulares actuales de visa y nueve a quienes se les negará la visa si la solicitan. En la nómina también figura el exministro de Justicia, Iván Lima Magne.
Tras conocerse la determinación, autoridades de Gobierno afirmaron que se toma con seriedad las restricciones dispuestas por los EEUU contra el fiscal Mariaca y otras actuales autoridades bolivianas, además de anunciar que se solicitarán las respectivas pruebas de las acusaciones hechas a la administración estadounidense.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, junto a los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se pronunciaron afirmando que la medida dispuesta por el gobierno norteamericano no solo afecta a Mariaca, sino también a Alberto Zeballos Flores, fiscal de Santa Cruz, y al exministro Iván Lima. En total unas 13 personas identificadas con nombre y apellido.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo que son respetuosos de las determinaciones soberanas de las naciones, más cuando se trata de acusaciones serias que deben ser sustentadas con las respectivas pruebas.
“Las declaraciones y señalamientos de Estados Unidos son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad”, afirmó a su turno el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano. La autoridad hizo notar que se pedirá, mediante los canales diplomáticos, “información complementaria” de los “elementos probatorios” para ser valorados y, posteriormente, realizar una investigación interna en el país.
El ministro Aramayo aseguró que el Órgano Ejecutivo brindará “toda la colaboración que corresponda” para que se lleven a cabo las investigaciones necesarias, garantizando el respeto a la independencia de los poderes públicos en el país.
Recordó que las acciones del Gobierno han permitido dar golpes importantes al crimen organizado, citando de manera expresa el arresto del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y de diversos líderes de cárteles internacionales de la droga.
Desde la Asamblea Legislativa los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, plantearon que el Fiscal General del Estado, se aparte del ejercicio de sus funciones mientras se esclarecen los señalamientos difundidos desde EEUU, considerando que esta medida permitiría “garantizar la independencia, transparencia y debido proceso de las investigaciones” que puedan realizarse.
En conferencia de prensa conjunta, ambas autoridades remarcaron que los señalamientos no constituyen por sí mismos una sentencia y que corresponde obtener información oficial, verificar los antecedentes y activar los mecanismos institucionales previstos por ley.
“La gravedad de estos señalamientos obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad. Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas”, sostuvo Ávila, apuntando que el pedido de apartamiento responde precisamente a la necesidad de que cualquier investigación pueda desarrollarse sin interferencias.
Como segundo componente de esta respuesta, ambos presidentes solicitaron al ministro de Relaciones Exteriores que, mediante los canales diplomáticos correspondientes, gestione ante el gobierno de Estados Unidos toda la información oficial, documentación y antecedentes disponibles sobre los señalamientos.
Ávila y Castro solicitaron por escrito al vicepresidente Edmand Lara, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la convocatoria con carácter de urgencia a una sesión de la ALP, para que el tema sea incorporado en el orden del día y se consideren los mecanismos institucionales de investigación y seguimiento que correspondan.
“No debe existir protección por jerarquía, influencia o cercanía política. Si se comprueban delitos, deben establecerse las responsabilidades y aplicarse las sanciones previstas por ley. Si los señalamientos no tienen sustento, corresponde explicarlo ante el país”, señaló Castro.