La crisis judicial del país se ha profundizado en la última década, al extremo de estar en “tragedia”, en una situación terminal, por las políticas autoritarias de los últimos gobiernos, Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce, manifestó a EL DIARIO el abogado Marcio Ramos.
Ramos recordó que en el sistema judicial existen carencias que datan de años atrás, principalmente con la falta de independencia e idoneidad de los jueces.
“Estos problemas se vienen arrastrando desde hace muchos años y tienen que ver con el tema de corrupción, retardación de justicia, impunidad, hacinamiento carcelario, etc. Estos últimos años el panorama se ahondó porque el Órgano Judicial depende cada vez más del poder Ejecutivo, vemos procesos totalmente amañados como la sentencia a la expresidenta Jeanine Añez en relación a la sentencia de Jesús Vera, a una se le da diez años y al otro tres, por un delito de evidente daño al Estado”, advirtió.
Asimismo lamentó que las autoridades judiciales sean seleccionadas por el poder político, donde – en su criterio – inicia el sometimiento.
“Al ser las autoridades judiciales seleccionadas por el poder político existe una suerte de control, porque al poder político no le interesa jueces independientes sino militantes, no requiere jueces idóneos sino obedientes”, advirtió.
¿INDEPENDENCIA?
Por otro lado, juristas independientes que buscan una reforma judicial vía referéndum señalan que, en Bolivia, no existe una correcta y verdadera administración de justicia ya que no es un servicio público de calidad y la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso a ella.
“Mayoritariamente carece de autoridades y funcionarios idóneos; sus miembros demuestran frecuentemente ausencia de ética, capacitación y experiencia; al tiempo de mostrarse subordinados al poder político, a la influencia económica y a las jerarquías internas, lo que imposibilita imparcialidad y probidad en sus actos”, indica el documento.
Refieren que la crisis del sistema judicial fue una de las mayores preocupaciones de la población para tratarse en la Asamblea Constituyente de 2006; sin embargo, a más de 13 años de la promulgación de la Constitución Política del Estado y a casi 11 años de la primera elección de autoridades judiciales por voto popular, es un hecho que en Bolivia no se produjeron cambios, y que más bien la crisis continúa y se ha agravado a niveles intolerables.
En julio de 2021, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) entregó un informe sobre la crisis que el país sufrió el último cuatrimestre de 2019, donde advierte que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia.
“La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales”, indica el informe.
Por otra parte, preocupa al GIEI que la independencia del Poder Judicial se ha visto debilitada debido a la falta de presupuesto adecuado para este sector. Con base en información sistematizada por la sociedad civil, entre 2014 y 2019, el presupuesto para este sector se mantuvo en menos del 0,5% del presupuesto general consolidado del Estado.
En tanto, el Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García-Sayán, en su informe de este pasado mes de junio, identificó falencias en la administración de la justicia en Bolivia, como: la mantenida injerencia política, la persistencia de patrones de persecución política- judicial, la exigüidad del presupuesto, la falta de acceso a la justicia dada la escasa cantidad de jueces y fiscales, la secundarización de la justicia indígena originaria campesina, el abuso de la detención preventiva y el hacinamiento carcelario.
García-Sayán recomendó en su informe que las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial; que el gobierno elabore un plan de reforma estructural del órgano Judicial; que se impulse un debate nacional sobre la selección y designación de integrantes de las altas cortes; que se dote al órgano judicial de recursos apropiados y que el gobierno garantice el espacio de la jurisdicción indígena originaria campesina, por medio de la reforma de Ley de Deslinde, entre otros.
REFORMA JUDICIAL
En julio pasado, el grupo de juristas independientes presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su propuesta de reforma judicial, a fin que el Órgano Electoral les entregue los libros para lograr la adhesión de 1,5 millones de bolivianos en un referéndum ciudadano.
El documento contiene cuatro preguntas para el momento del referéndum de reforma parcial de la Constitución que iniciará el proceso de transformación de la justicia.
¿Está usted de acuerdo con una reforma parcial de la Constitución Política, para tener magistrados y jueces independientes, donde los postulantes sean seleccionados en base a méritos por una Comisión Nacional de Postulaciones que elaborará ternas para que por 2/3 de votos designe la Asamblea Legislativa y esa designación sea aprobada o negada por voto popular mediante Referendo?
Esta es la primera pregunta que los Juristas Independientes han formulado para el momento del referendo de reforma parcial de la Constitución que iniciará el proceso de transformación de la justicia.
A decir de los juristas, la pregunta es central en la propuesta de reforma porque busca lograr independencia e idoneidad de los jueces supremos y del fiscal general, con motivo de su designación.