Un herido de bala y 8 campesinos secuestrados en alrededores de La Pailas, en Santa Cruz, es el resultado del avasallamiento del 27 de julio pasado. Hecho delictivo a la cabeza de los famosos avasalladores Paulino Camacho y Sixto Canasa, los mismos que, detenidos por los atentados de Las Londras en octubre de 2021, fueron liberados estando en trámite el caso en el Ministerio Público. Una vez en libertad, encabezaron un nuevo asalto a Las Pailas, donde incautaron las viviendas y bienes de los pobladores. La libertad otorgada a Camacho y Canasa es una invitación directa para volver a sus fechorías, como acaba de ocurrir. Seguramente el Gobierno se apoyará en que el caso cursa en la Justicia y que la liberación no lo hace responsable. Pero calla sobre que la fiscalía y la Justicia, como el resto de los organismos del Estado, dependen de las instrucciones del presidente, de sus ministros o del MAS.
Guarayos es una región de gran potencial agropecuario y forestal. Se la disputan los empresarios agroindustriales, lo campesinos del lugar, los llamados interculturales y el Estado –en teoría–, representado por el INRA. El valor de la hectárea de Guarayos, según entendidos, es de 1.000 dólares, siendo el motivo de la codicia. Sin embargo, el INRA con su actuación fluctuante y deferente con los interculturales, lejos de promover soluciones es parte del problema y para eludir su responsabilidad acaba de asegurar que su función no es intervenir en conflictos. Este organismo aglutinaba a una mafia de funcionarios y exfuncionarios que se habían dedicado a “falsificar expedientes agrarios y blanquear antecedentes jurídicos…”.
Los avasallamientos son un azote en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz principalmente. Ese primer departamento, sin duda, el más castigado, así como Cochabamba en la región de la Angostura y La Paz en Apolo y el Madidi a manos de las cooperativas mineras. Los llamados “interculturales” que asaltan y matan, son bandas armadas en busca de enriquecerse recurriendo al despojo y al abuso a través de su asegurada impunidad. No hacen sino continuar la política del ex presidente Evo Morales, quien instrumentó el traslado de contingentes del occidente hacia Santa Cruz, mediante este tipo de atropelladora migración.
Los ciudadanos comunes se preguntan en qué país estamos, donde no se respeta la propiedad pública ni privada y son pocos los que cumplen la ley. A qué extremo llegaremos, se interrogan a sí mismos. En Bolivia los delincuentes se dan el lujo de convocar a conferencias de prensa. Uno de los atacantes de Las Londras en 2021, declaró que los videos de ese atropello fueron “montados”. Que es justa la liberación de sus compañeros Camacho y Canasa y anunció un bloqueo que en este momento debe tener lugar. Esto y mucho más contemplamos en el Estado Plurinacional.