Los que cometen los delitos de infanticidio, violación y feminicidio, no tienen derecho a la detención domiciliaria o libertad condicional, según establece la Ley de Protección a las y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, promulgada ayer por el presidente del Estado, Luis Arce Catacora.
La norma también endurece las penas para los malos operadores de justicia hasta los 20 años de cárcel y sanciona a los consorcios.
El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que el juez que decida ir en contra de la ley y la Constitución Política del Estado, va a merecer una pena de 20 años de cárcel.
Quien sea condenado por feminicidio, violación o infanticidio va a tener que cumplir su pena hasta el último día. “No hay más beneficios en estos casos”, subrayó Lima.
En caso de los consorcios, entre jueces, abogados y policías, la pena de privación de libertad sube de 5 a 10 años de privación de libertad.
“Esta norma se hace para defender la vida de la mujer boliviana que es víctima de los feminicidios (…) esta ley establece mecanismos que precautelan los derechos de las víctimas de feminicidios, infanticidios de niñas, niños y adolescentes. Pone freno y sanciona severamente los actos de prevaricato y el consorcio que beneficia a feminicidas e infanticidas”, dijo el Primer Mandatario desde Casa Grande del Pueblo.
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Pie de foto: El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, durante la promulgación de la nueva norma.
