Desde hace algún tiempo se viene escuchando acerca de muchas injusticias y, sobre todo, sobre un sinnúmero de jueces que liberan –en procesos inexplicablemente ágiles y eficientes– a asesinos, violadores y feminicidas.
Estos hechos vienen agarrados de la mano de una especie de corrupción camuflada, que aparenta demostrar la administración de la justicia sustentada en el respeto al debido proceso, sin preservar la legalidad, que es un elemento indisoluble de una práctica profesional idónea.
Como se puede colegir de lo anteriormente señalado, esto no es más que una simulación de la justicia, debido a la actuación de malos funcionarios y los llamados “delincuentes” de cuello blanco, que aprovechan sus fechorías para deteriorar los fundamentos que sustentan la vida en democracia, con actos que rayan en la impunidad y que, por tanto, merecen no solamente sanciones ejemplarizadoras del Tribunal Constitucional, sino también la privación de libertad por atentar contra la fe pública.
La verdad de toda esta historia es que los funcionarios de marras de estos tiempos, perdieron los valores que les inculcaron no solamente en aulas universitarias, sino en la familia y la sociedad. De esta manera, se puede mencionar que al presente ya no existen –salvo rarísimas excepciones– profesionales íntegros y probos como aquellos que dignificaron el ejercicio profesional de la abogacía por encima de los ya conocidos y recurrentes intereses político partidarios de los gobiernos de turno, de grupo o de cualquier índole que sea.
En este ámbito, lo más lamentable es que, de continuar con la crisis en la que se desenvuelve de manera crónica el Poder Judicial en estos tiempos, los inocentes –antes que los culpables– estarán en las cárceles, mientras los otros seguirán gozando de su libertad, encubiertos por los propios jueces y funcionarios, muchos de los cuales, principalmente los primeros, mantienen en funcionamiento los llamados consorcios, donde se manifiestan en toda su crudeza flagrantes vulneraciones al derecho de los litigantes que buscan casi sin esperanza el imperio de la ley.
En este escenario, es también otro frente de corrupción la retardación de justicia, que es el pan de cada día con el cual tienen que lidiar profesionales abogados en el ya amplio escenario de la profesión libre. Situación que pone en tela de juicio el principio de celeridad de los procesos en manos de jueces, fiscales y otros funcionarios de la administración de la justicia en el país.
En el importante plano de la economía y la generación de empleo, el Gobierno acaba de anunciar que Bolivia ha recuperado las inversiones extranjeras, cuando éstas se han comportado esquivas en los años precedentes por la evidente inseguridad jurídica, producto de la inaceptable intervención política y de conocidas instancias políticas en la administración de justicia. Esto acaba de ser denunciado por organismos internacionales como la ONU.
Al ciudadano de a pie le interesa que sus hijos tengan oportunidades laborales. En este contexto, Bolivia no podrá superar las actuales condiciones de vida, mucho menos aspirar a atender las necesidades básicas de millones de bolivianos que se debaten en la pobreza, de persistir una justicia amañada por el manoseo político.
En tanto, las autoridades ante la incipiente inversión, tanto nacional como extranjera, en proyectos serios, así como la desaparición de las reservas del BCB, además de la crisis de oferta que se avecina con la inexistencia de nuevos descubrimientos de gas, pretenden ahora vender las reservas de oro del ente emisor, es decir, las joyas de la abuela. La corrupción se engulle todo.
Entretanto y como siempre, quedó en el olvido la mentada reforma judicial, anunciada con bombos y platillos por las autoridades, lo que quiere decir que la corruptela seguirá incólume en la administración de la justicia, cuando se avecinan tiempos difíciles en Bolivia, cuando la población no estará protegida ni mucho menos.
El autor es abogado graduado en la UMSA.