La Constitución Política del Estado establece en el Artículo 115.I que “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Artículo 116. I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.
EL jurista internacional Diego García-Sayán, Relator Especial para la independencia judicial de la ONU, en su visita a Bolivia en febrero verificó que los preceptos constitucionales NO se cumplen. Dijo en Ginebra que en el caso de Jeanine Añez, que ejerció la presidencia entre noviembre de 2019 y 2020, no se cumplió el DEBIDO PROCESO. Desde marzo de 2021 ella se encontraba en prisión preventiva. Observó que: Se limitó la aplicación de la justicia indígena originaria, la Retardación de justicia se debe a Códigos procesales demasiado formalistas, el tipo penal de incumplimiento de deberes es incompatible con el principio de legalidad. Es deficiente la formación de jueces y fiscales y es preocupante la corrupción en el sistema judicial.
En el caso de Añez se observa los excesos en la práctica de DETENCIÓN PREVENTIVA. Y 7 de cada 10 procesados están encarcelados sin sentencia, con la tasa de hacinamiento penitenciario que es del 349%. La presentación de pruebas y la posibilidad de que sean respetados sus derechos no constituyen una injerencia en el sistema judicial boliviano. Hay incumplimiento de principios de publicidad, personas declaradas en rebeldía son procesadas, restricciones de acceso a la información, se prescinde de los testigos afectando sus derechos procesales. En cuanto a la cantidad de partes acusadoras, observó el excesivo número de acusadores: tres ministerios, la Fiscalía, la Cámara de Senadores y la Procuraduría para la sentencia de Añez, lo que incidió en desequilibrio procesal. La carrera judicial es débil por la alta proporción de jueces transitorios, de 1.134 en la justicia ordinaria y el 47% desempeña transitoriamente, con deficiente formación. Imperan la corrupción y la impunidad frente al delito, con el gran aumento de feminicidios. De los 289 que se produjeron entre 2013 y 2021, solo el 31% ha obtenido sentencia. Y las victimas de Senkata, Sacaba y la zona Sur, en el contexto de la crisis política de 2019, siguen esperando justicia.
Finalmente observó el sistema de elección de altas autoridades judiciales. La preselección de candidatos y candidatas a ser sometidos a votación es realizada por un Órgano político, la sociedad civil NO TIENE participación en este proceso. Y fue muy baja la participación del electorado, ganaron los votos blancos o nulos. El Presupuesto del Órgano Judicial no alcanza al 0,5% del PGE, así como hay dualidad entre el Consejo de la Magistratura y la Dirección Administrativa Financiera del Tribunal Supremo, que son ineficientes.
1) La delegación de la Unión Europea en Ginebra respaldó el informe de García-Sayán, llamando a respetar la independencia de la justicia y las garantías a favor del ejercicio de la abogacía. 2) La Cancillería suiza tuvo conocimiento del análisis del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en cuanto a la sentencia contra Jeanine Añez e insta a Bolivia a respetar sus obligaciones en esta materia y respalda las observaciones que hizo conocer esa autoridad internacional. Precisamente, sobre este caso, sugieren que Bolivia respete sus obligaciones con la comunidad internacional, las garantías judiciales, los derechos fundamentales y el debido proceso. 3) El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido declaró preocupación por el procedimiento desarrollado por un tribunal ordinario en la sentencia de 10 años de prisión que recibió la expresidenta Jeanine Añez y alienta al Gobierno boliviano a encarar “de buena fe una reforma judicial sustancial” por la deficiente formación de jueces y fiscales, así como de corrupción.
Observó el proceso de selección de las altas autoridades de justicia, que está a cargo de una entidad política, como la Asamblea Legislativa. Expresó su preocupación por la “reunión política entre líderes del Gobierno y del MAS, que acordaron que la señora Añez sea sometida a un proceso ordinario y no a juicio de responsabilidades”.
Angélica Siles Parrado, Abogada – Economista, ex Asambleísta Constituyente