La Asamblea Legislativa Departamental amplió por un año el trabajo de la Comisión Especial de Tierra, Territorio y Recursos Naturales, a raíz de numerosas denuncias de avasallamiento y toma ilegal de tierras en el departamento de Santa Cruz.
En cumplimiento a esta ampliación se realizó la verificación de una denuncia realizada por la Comunidad Indígena Chiquitana “Guadalupana” del municipio de Pailón.
La asambleísta departamental y miembro de la Comisión, Yelly Baldivieso, se trasladó con su colega del pueblo indígena chiquitano, Aida Gil junto con Iván Quezada al lugar, e informó que luego de ingresar a unos 40 km. de la comunidad El Tinto, se pudo evidenciar la existencia de algunas carpas y casas hechas por originarios.
“Ellos nos han comunicado de que en días feriados vinieron gente de los interculturales y policías a sacarlos de ese lugar, con una resolución de asentamiento”, indicó.
Como asambleístas departamentales estamos realizando la inspección y fiscalización de todos los lugares y pudimos evidenciar que estas personas no se encuentran en esos predios, puesto que nos informaron que vinieron con resolución de desalojo emitida por el INRA, con policías a sacar a nuestra gente originaria. Nosotros vamos a ver este tema y siempre apegados a las normas, apegados a la ley, para ayudar también a nuestra gente chiquitana”, indicó.
Al respecto, el secretario de Tierra y Territorio de la Central Indígena Chiquitana de Pailón, Celín Fernando Urquiza Mesa, expresó que ellos ya fueron desalojados del lugar por orden del INRA.
“Nosotros estamos en todo nuestro derecho de tener como la ley manda un pedazo de tierra como originarios y oriundos de nuestra comunidad como chiquitanos, del Gobierno nos han mandado gente ajena a nuestro municipio para ser desalojados de nuestra propia casa. Han utilizado los dos feriados, ingresando el día de Corpus Cristi en micro, gran cantidad de gente y posteriormente el próximo feriado 21 de junio, hemos sido desalojados por 15 camionetas con 100 policías”, afirmó.
“Han venido, nos han sacado y se han ido, no han permanecido en el lugar, lo que nosotros vamos hacer es ejercer nuestro derecho y volver a tomar posesión. Esta gente viene de Potosí, Oruro y de Argentina, ellos mismos lo han dicho, esto no es legal, no es constitucional que venga gente ajena y que el Presidente del Estado esté permitiendo esto mediante el INRA, utilizar esta institución para cometer estos atropellos a los indígenas originarios”. (Santa Cruz, ALD)