Ante las observaciones expresadas por organismos internacionales referentes a al tipo penal de incumplimiento de deberes, uno de los supuestos delitos por los que la expresidenta transitoria Jeanine Añez Chávez fue sentenciada a 10 años de reclusión, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes, sostuvo que estas acusaciones deberían alcanzar a las exautoridades que provocaron el vacío de poder en 2019.
El parlamentario representante del departamento paceño aseguró que las acusaciones y procesos por los que se juzga a Añez, en este caso por incumplimiento, deben aplicarse a las exautoridades legislativas que evitaron tomar las riendas del país en momentos críticos, debido a la crisis política y social generada tras el fraude electoral.
“El proceso por incumplimiento de deberes debería empezar por la gente que ha dejado el vacío de poder, es decir, para los dos presidentes de ambas cámaras, eso sí es incumplir un deber nacional en un momento crítico cuando ellos debieron haber asumido; sin embargo, por mandato de Morales dejaron los cargos”, señaló.
Sostuvo que este vacío de poder instruido por el “masism”o para responder al descontento popular volcado a las calles en octubre y noviembre del 2019, son los elementos que le dan legalidad a la presidencia transitoria y liberan de culpa a Añez, quien pacificó el país.
Reyes, además, señaló que deben ser los operadores de justicia los que respondan por qué se aplica la figura del incumplimiento de deberes en contra de la exmandataria y no para juzgar a las exautoridades que se negaron a asumir la presidencia profundizando la crisis.
“No se pude dejar un Estado sin un presidente y sin una persona a cargo, por lo tanto, la sucesión ha sido totalmente legitima y legal. En todo caso deben ser ellos los que expliquen por qué se aplica el incumplimiento de deberes con unos y con los otros no”, dijo.
El viernes, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, mediante un comunicado, emitió seis observaciones al proceso contra la expresidenta Añez, entre los que se destaca y observa el tipo penal del incumplimiento de deberes como “incompatible con el principio de legalidad”.
“Es incompatible con el principio de legalidad recogidos en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo”, señala la nota.
Esta postura se dio después de confirmarse la sentencia de diez años de prisión dictada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz.