El abogado y docente universitario, Víctor Hugo Chávez, demanda que el nuevo directorio del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) se constituya en parte civil querellante dentro del proceso que se sigue contra el exdirigente Max Mendoza, quien cobró sueldos por un cargo para el que no cumplía requisitos.
A través de un memorial, Chávez demanda que los nuevos ejecutivos de la CEUB se constituyan en parte querellante, bajo alternativa de incumplimiento de deberes y encubrimiento.
Asimismo pide la imputación formal contra Rodrigo Fernando Rodríguez Arce. Además requiere que las direcciones administrativas financieras de las universidades públicas remitan informe y descargos del manejo de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y sobre las contrataciones efectuadas por las Federaciones Universitarias Locales, en el periodo 2013-2022.
Pide también que se requiera a los rectores de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Autónoma del Beni (UAB), remitan la documentación de elecciones con las que se ha conseguido la acreditación de los estudiantes que acompañaron a Álvaro Quelali Calle y Madekadel Vaca Melgar al XIII Congreso Nacional de Universidades.
Asimismo pide que se requiera a los rectores de las universidades públicas informe sobre el funcionamiento de las unidades de transparencia.
“Se cite a declarar a funcionarios administrativos del CEUB, en calidad de testigos”, se lee en el otrosí 5 del memorial presentado por Chávez.
PRISIÓN PREVENTIVA
En mayo pasado, Chávez presentó una denuncia contra Max Mendoza y otros por daño económico al Estado, ya que ocupaba un cargo para el que no cumplía requisitos y tenía un sueldo oneroso, además que ejecutaba funciones que no le correspondía.
Por ese hecho, Mendoza fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva durante seis meses, después de ser imputados por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.
La resolución fue dictada por el juez Javier Vargas, quien refirió que el denunciado no logró desvirtuar algunos riesgos procesales como la fuga del país.
Mendoza tiene una carrera dirigencial de al menos 25 años pese a que no logró titularse y registra reprobaciones consecutivas en al menos 100 materias, según registros emitidos en las últimas semanas.
Sin embargo, como parte del CEUB, administraba al menos 11 millones bolivianos que asigna el Estado a esa entidad y percibía un sueldo mensual de 21.870.
El lunes se presentó a declarar Rodrigo Rodríguez y aseguró que todos sus actuados tienen respaldo. El exrector de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Juan Justo Roberto Bohórquez Ayala, quien junto a Rodríguez avaló a Max Mendoza como representante del CEUB declaró ayer. Ambos se defenderán en libertad.