SIP alerta impunidad en agresiones a periodistas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe preliminar de medio año sostiene que la impunidad judicial en los casos de agresiones a periodistas y las restricciones para la cobertura informativa de interés público son temas de preocupación en Bolivia que permanecen pendientes de solución.
Preocupa que la Fiscalía y la justicia soslayen el tratamiento de casos alarmantes como el secuestro de seis reporteros que cubrían el avasallamiento de tierras en el departamento de Santa Cruz, en octubre pasado. Dos personas fueron detenidas, pero la investigación permanece inconclusa debido a cambios de los responsables de recolectar antecedentes y a los lentos procedimientos para la detención y el enjuiciamiento de unos 80 encapuchados que fueron responsables del secuestro y la tortura.
La retención ocurrió en la población de Guarayos, durante siete horas, y terminó con una golpiza y destrucción de equipos de grabación de video con disparos de armas largas. El Gobierno ha calificado el hecho como un simple incidente, mientras los afectados consideran que su vida estuvo en riesgo por el grado de violencia ejercida y las amenazas.
También permanece impune la agresión de policías antimotines y la detención del periodista Carlos Quisbert, del diario Página Siete, registrada el pasado 21 de septiembre, mientras realizaba la cobertura de un conflicto protagonizado por agricultores de hoja de coca.
El 4 de abril autoridades judiciales restringieron la cobertura de la prensa independiente al juicio de la expresidenta Jeanine Añez (2019-2020) y sus colaboradores. Los periodistas fueron expulsados de la audiencia virtual.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) se pronunció el 6 de febrero a favor de la recuperación de la justicia, afectada por la falta de credibilidad y por no defender las libertades de prensa y expresión.