La Sala Penal Cuarta de La Paz, dispuso ayer que la expresidenta del Estado, Jeanine Añez Chávez, quién guarda detención preventiva desde marzo de 2021, sea procesada en juicio de responsabilidades, por el caso de supuesta designación “irregular” de la ejecutiva de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
Al respecto, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, indicó que el equipo jurídico del Gobierno espera la resolución para verificar “si existe la posibilidad de complementación o enmienda”, no obstante advierten un amparo constitucional.
“Nosotros creemos firmemente de que la señora Añez no ha cumplido el procedimiento constitucional legal para ser considerada presidente y por tanto debería ser un juicio ordinario”, dijo, según un reporte del portal Informe Exclusivo.
En junio de 2021, la entonces jueza Claudia Castro dictó una resolución en la cual se declaró competente para juzgar a Añez por la vía ordinaria en este caso. Los patrocinadores de la expresidenta presentaron una apelación al respecto, al considerar que los hechos por los que se imputó a la exautoridad sucedieron mientras ejercía como jefa de Estado, por lo que, en todo caso, correspondería un juicio de responsabilidades.
En marzo pasado, el Tribunal Constitucional emitió un comunicado en el que informó que definió “rechazar la acción de inconstitucionalidad” que fue interpuesta en contra de un artículo de la ley de juzgamiento a presidentes y altas autoridades que fue promovida de oficio por la justicia en noviembre de 2021.
En ese marco, dejó en manos de la Sala Penal Cuarta de La Paz, si Añez puede ser juzgada en la justicia ordinaria o debe ser sometida a un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
DATOS
A la fecha, la expresidenta enfrenta dos procesos penales, el caso golpe I, donde está imputada por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición, este último tipo penal anulado en las normas penales. El avance en la investigación se desconoce.
El golpe II, donde se investigan los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes y Constitución. El caso ya cuenta con acusación y ya entró en juicio.
Asimismo, espera la respuesta de la Asamblea Legislativa, ahora, por cinco requerimientos acusatorios en su contra para un juicio de responsabilidades.