Con operativos que se realizaron inicialmente en los municipios fronterizos de Guayaramerín (Beni), Desaguadero (La Paz) y Puerto Quijarro y en la región de Puerto Suárez (Santa Cruz), se inició ayer la socialización del Plan Soberanía, una política de Estado interinstitucional para enfrentar la lucha contra el contrabando de combustibles hacia países limítrofes.
De este esfuerzo participan los ministerios de Hidrocarburos y Energías, de Defensa, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Aduana Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de evitar que los volúmenes de diésel, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gasolina especial, comercializados en estaciones de servicio, salgan del territorio de manera ilícita.
“El principio de soberanía es el control y resguardo de los recursos naturales de nuestro Estado. En los últimos años, lo que se ve es que el beneficio que tienen los bolivianos y bolivianas de contar con energéticos asequibles, a bajo costo y subvencionados, también genera problemas en fronteras, producto del contexto internacional donde la volatilidad de precios de combustibles ha estado elevándose”, dijo el ministro de Hidrocarburosy Energías, Franklin Molina Ortiz, durante el acto de socialización del Plan Soberanía.
A su vez, el director Ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez, dijo que “a partir de hoy (ayer) marcamos soberanía y los esfuerzos para combatir cualquier ilícito en los 7.000 kilómetros de frontera con que cuenta el Estado boliviano”.
Jiménez explicó que el control se efectuará en las 34 estaciones de servicio de zonas fronterizas que existen en el país, a las que además se realizará el seguimiento a través de la trazabilidad del sistema RFID (Radiofracuencias, por sus siglas en inglés) para evitar que las cisternas de combustible sean desviadas fuera de nuestras fronteras.
Al respecto, el ministro Molina señaló que se desplegarán 600 efectivos militares en dos turnos en los puestos fronterizos para luchar contra el contrabando de combustibles.
El control de la comercialización de hidrocarburos se realizará inicialmente en diez estaciones de servicio en municipios fronterizos de Desaguadero, Guayaramerín y Puerto Quijarro/Puerto Suárez.
El contrabando y la reventa de combustibles son un delito penado por la Ley 100, que establece sanciones con privación de libertad de 3 a 6 años y confiscación de los bienes utilizados para la comisión del ilícito.
El costo estimado de la subvención para esta provisión de combustible le significa al Estado boliviano unos 388 millones de bolivianos anuales.