Desde el exterior del país, la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, manifestó ser víctima de persecución y vulneración de derechos, además reveló que el actual Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, se puso a disposición del gobierno transitorio y trabajó de manera cercana con los exministros Arturo Murillo y Yerko Nuñez, a quienes apuntó por haber tenido una rivalidad.
Refiriendo ser perseguida por actuales autoridades judiciales, Lizárraga develó que en 2019 el titular de la Fiscalía General ofreció el control de fiscalías de distrito a ministros de Estado con la finalidad de continuar en el cargo.
“Lanchipa ofreció las fiscalías de distrito de La Paz y Santa Cruz al Sr. Núñez y al Sr. Arturo Murillo. Se mantuvo al actual fiscal general ya que se puso a disposición del gobierno transitorio”, manifestó mediante un comunicado.
Sostuvo además que este acuerdo fue el inicio de un trabajo conjunto entre la cabeza del Ministerio Público y los representantes del Órgano Ejecutivo, entre quienes posteriormente surgió una rivalidad.
“Inició un trabajo cercano con Arturo Murillo y Yerko Núñez. Se generó una rivalidad entre ambos ministros, Lanchipa pidió tiempo para entregar la fiscalía de la Paz a gente de confianza de Núñez y Cochabamba y Santa Cruz a Arturo Murillo”, señaló.
Agrego que durante una conversación sostenida con el entonces titular de la Presidencia, en diciembre 2019, la exautoridad le manifestó que Lanchipa estaba haciendo un buen trabajo por lo que no había necesidad de cambiarlo, además había sugerido alejar a Williams Alave.
“En ese momento pensamos que estaba tomando revancha porque Alave tenía aspiraciones en la época evista de ser fiscal general. Tiempo después este compromiso fue cumplido por Lanchipa”, indicó.
Lizárraga manifestó dudar que su reciente declaración en rebeldía se origine en una persecución del gobierno actual, ya que su persona “renunció al gobierno de Jeanine Añez al observar un gobierno político sin intenciones de hacer gestión pública para el pueblo”, afirmó.
Precisó que fue uno de los ministros, ya referidos, quien negoció con la Fiscalía General y propició la salida del fiscal William Alabe, a quien responsabiliza por dirigir una vendetta en contra de su persona. Apuntó que ahora esta persecución es dirigida a su ex esposo y padre de sus hijas.
Sostuvo además que autoridades judiciales tienen pleno conocimiento de su dirección en el exterior para ser notificada y, aun así, no se lo hizo antes de ser declarada en rebeldía, hecho que demuestra la vulneración Derechos Humanos en Bolivia.
Finalizó señalando que estas acusaciones sobre irregularidades solo fortalecen la tramitación de Asilo que viene realizando, “en cuanto tenga garantías me presentaré ante las autoridades a declarar la verdad, caiga quien caiga, como siempre lo he hecho”, expresó.
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