El expresidente Morales Aima, que ejerció la presidencia de la República y el Estado Plurinacional por casi catorce años continuos, contra lo que determina la Constitución Política de solo dos períodos de gobierno continuos, y que pretendió quedarse en el poder “de por vida”, como lo dijo en más de una oportunidad, se complicó en un fraude electoral en las elecciones de 2019, verificado por la OEA, que el mismo llamó, y que produjo un levantamiento popular pacífico en las calles de las ciudades del país, “las pititas”, que lo llevó a renunciar a la presidencia y huir del país con la complicidad de otro gobernante populista. Desde el retorno al poder de su partido en 2020, se ha posicionado en la región cocalera del “el Chapare”, desde donde pretende seguir gobernando el país, a su gusto y sabor, amenazando a unos y otros, disponiendo la persecución política-judicial a los que él señala y cometiendo todo tipo de intemperancias en sus declaraciones.
Lo que sucede es que el expresidente, en sus catorce años de gobierno, ha estructurado un aparato político para beneficio de su poder personal, que abarca todo el aparato público del Estado, en especial su control del Órgano Legislativo, donde la bancada de su partido le debe su presencia en el mismo y, por supuesto, el jugoso salario mensual que perciben. Por eso los asambleístas oficialistas hacen cerrada defensa del dirigente cocalero. Además el expresidente tiene a su disposición a magistrados del Órgano Judicial, en especial a los componentes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ya avalaron su candidatura anti constitucional, pese al referendo del 21-F, con argumentos írritos ante el más elemental razonamiento jurídico (como que reelegirse de por vida es un derecho humano) y ahora con un fallo disponiendo el pago por salarios no percibidos al haber sido inhabilitado por el Tribunal Electoral, porque no radicaba el último año en el lugar de su empadronamiento, es decir que los vocales de esa instancia jurisdiccional dan por hecho que Morales ganaría las elecciones como senador.
Por supuesto que el Órgano Ejecutivo también responde al dirigente cocalero, pues el presidente del Estado fue escogido por él, al igual que muchos ministros, viceministros, directores, alcaldes y otros funcionarios. El partido que sustenta el gobierno populista es de propiedad del expresidente, y si algún militante hace alguna observación a las decisiones y conducta del “jefazo”, es expulsado, pues la mentalidad autocrática de Morales no conoce de opinión que no le sea favorable, ya antes con su criticado vicepresidente García Linera, habían combatido a los “libre pensantes”.
Las declaraciones y actos del expresidente han logrado reposicionar el rechazo de la mayoría de la ciudadanía a su persona, que con el largo ejercicio del poder se había desgastado, no solo por el tiempo, sino por los excesos del poder que cometió y su conducta personal y privada, que en los gobernantes y personas públicas traspasan el ámbito personal y familiar, así lo enseña la Ciencia de la Sociología sobre la “conducta esperada” de ciertas personas que están en situación de ejercer influencia en la sociedad.
Se comenta en la opinión pública que Morales Aima pretendería postularse como candidato a la presidencia en las elecciones de 2025, y todas las acciones que hace estarían apuntadas a ese objetivo, pero el dirigente cocalero olvida que la mayoría de la ciudadanía lo repudia, prueba de ello son las encuestas efectuadas, una para un medio escrito de circulación nacional, en la que el 81,1 % de los encuestados no votaría por Morales, es decir lo rechaza, y otro para la Fundación Friedrich Ebert sobre los políticos de este tiempo, Morales llega al 19 % de aceptación y 77 % de rechazo.
Si bien es cierto que todavía faltan cuatro años para las próximas elecciones, el gobierno actual tiene que encarar grandes desafíos, como el problema de la salud, de la justicia (inexistente), los elevados índices de corrupción, el desempleo y, en general, la crisis económica y social que nos aflige a los bolivianos. Un estadista o líder político de luces, aconsejaría medidas económicas y sociales para una mejor gestión y no recaudar en todas las oficinas públicas controladas por el expresidente 20.000 bolivianos, para atraer más militantes, lo que prueba que Morales sabe de su pérdida de convocatoria, pero se equivoca, pues así se reparta dinero, no hay suficientes “pegas” en el Estado y el voto es decreto. Los nacionalistas revolucionarios en las elecciones de 1951 aconsejaban a la gente: “Vayan nomás a que les den dinero los candidatos de los barones del estaño, pero voten por el MNR” y ganaron esas elecciones.
El autor es Abogado, Politólogo, docente universitario y escritor.