La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya confirmó que las audiencias sobre el juicio del curso de las aguas del Silala, demanda de Chile contra Bolivia, se realizarán del 1 al 14 de abril de esta gestión, bajo un formato de “audiencia híbrida”. Nueve abogados internacionales tendrán a su cargo la defensa de los intereses bolivianos.
“La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, llevará a cabo audiencias públicas en el caso relativo a la disputa sobre el estado y uso de las aguas del Silala desde el viernes 1 hasta el jueves 14 de abril de 2022, en el Palacio de la Paz en La Haya, la sede de la Corte”, señala un comunicado de la CIJ.
El documento explica que, debido a la situación de la pandemia del covid-19 en todo el mundo, las audiencias sobre este juicio “se llevarán a cabo en un formato híbrido”, es decir, que algunos miembros de la Corte estarán de manera presencial en los alegatos y otros participarán de manera virtual.
“En vista de la actual pandemia de covid-19, las audiencias se llevarán a cabo en un formato híbrido. Algunos miembros de la Corte asistirán personalmente a los procedimientos orales en el Gran Salón de Justicia, mientras que otros participarán de forma remota por enlace de video. Los representantes de las partes en el caso y los peritos designados por las Partes participarán personalmente o por enlace de video”, indica el comunicado.
Además menciona que los cuerpos diplomáticos, los medios de comunicación y el público en general seguirán las audiencias por una trasmisión en vivo en el sitio web de la Corte.
“Las audiencias se dedicarán al fondo del caso, incluidas las reconvenciones presentadas por Bolivia”, acota el documento.
En este proceso, a mediados del 2019, se concluyó con la fase de alegatos escritos y se conoció sobre los alegatos orales para luego esperar el fallo de la Corte.
Chile demandó a Bolivia para que la CIJ declare que el Silala es un “río internacional” y de uso “equitativo”, posición que fue rechazada debido a que las aguas fueron desviadas hacia territorio chileno a través de una canalización artificial encarada hace más de 100 años, bajo el amparo de una concesión que ahora está anulada.
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