El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, suscribieron un convenio de coordinación con el objetivo de garantizar mecanismos de seguimiento y control de personas privadas de libertad con condena y detención preventiva, con prioridad, en los casos de feminicidio, asesinato, infanticidio, violación y otros.
“Este importante convenio interinstitucional nos permitirá, en lo principal, promover la cooperación recíproca para el intercambio de información a través de la interoperabilidad entre en Ministerio Público y el Órgano Judicial, que permitirán la implementación de mecanismos de intercambio de información para acceder, en tiempo real, a toda resolución judicial que modifique las condiciones del cumplimiento de condenas y de las personas privadas de libertad que se hallen bajo jurisdicción de la autoridad de ejecución penal”, dijo Lanchipa.
El presidente del TSJ agregó que “a través de los instructivos que emanará la Sala Plena, los jueces de ejecución penal estarán obligados a remitir toda la información al Ministerio Público en cuanto a las modificaciones de la situación jurídica que tienen los sentenciados ejecutoriados o cuando sean trasladados a otros recintos penitenciarios, actuaciones que, en muchos casos, no fueron puestos a conocimiento de esta instancia, provocando que, de manera unilateral, algunos jueces hayan asumido determinaciones que llegaron a afectar a la sociedad en su conjunto”.