El Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) registró un total de 83 vulneraciones a la libertad de expresión durante el 2021. La vulneración más recurrente fue la estigmatización (25 casos), seguida de la censura previa (13) y de sistemas de vigilancia (9).
El Observatorio, que registra casos a través del monitoreo de medios de comunicación, de redes sociales y de entrevistas, además identificó casos de criminalización (8), amenaza (8), obstaculización en procesos electorales (7), agresión (6), atentados contra discurso del interés público (4), acceso a la información (2) y condicionamientos previos (1).
Entre los casos más resaltantes sobre estigmatización están la catalogación de “delincuentes” que hizo el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, a todos los que participaron de las reuniones en la Universidad Católica los días críticos de noviembre de 2019 (03-08-21); la denuncia de la diputada Deysi Choque (MAS) en contra de cinco legisladores de Creemos y uno de Comunidad Ciudadana para que sean suspendidos por 12 meses sin sueldo por dar la espalda al presidente Luis Arce en la sesión de la Asamblea del 6 de agosto; la declaración del ministro de Salud, Jeyson Auza, que deploró un paro médico que buscaba mejores condiciones laborales y la tildó como un “crimen” (04-05-21); la calificación de “golpistas” a ciudadanos alteños de parte del dirigente de transportistas Mario Silva, esto por apoyar la candidatura de Santos Quispe a la Gobernación de La Paz (30-03-21); el ataque del expresidente Evo Morales a la Iglesia Católica, calificándola de “oligarca”, por revelar información sobre la participación de su partido en las negociaciones de pacificación en los conflictos de 2019 (20-03-21).
Sobre los casos de censura previa destacan las declaraciones del expresidente Morales que el 18 de abril de 2021 anunció una purga dentro de las instituciones públicas, además de dirigentes sindicales y asambleístas que hablen mal de su gestión; o el amedrentamiento de pobladores de Potosí a una persona que estaba filmando la quema de domos turísticos en el salar de Uyuni (26-07-21); o el accionar de la Policía, cuando obligó al concejal de Santa Cruz, Federico Morón, a quitarse la polera que decía «No fue golpe, fue fraude» en el acta de entrega de credenciales (31-03-21); o el impedimento de realizar una conferencia de prensa sobre el uso del dióxido de cloro al biofísico alemán Andreas Kalcker, por autoridades de la facultad de medicina de la UMSA (26-03-21).
En lo referido a sistemas de vigilancia, que tienen que ver con formas de pretender vigilar o controlar la libertad de expresión, se registraron, por ejemplo, la denuncia de la senadora Andrea Barrientos, que alertó que la Ley de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Corrupción es una herramienta para la persecución de ciudadanos y amenaza la estabilidad de empresas e instituciones con la anulación de personerías jurídicas (20-08-21); el anuncio del presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), de pretender regular los programas de televisión que no estén acorde a “los valores” (10-05-21); el mismo legislador anunció el 22 de febrero de 2021 la creación de una comisión que investigue a las empresas encuestadoras, esto debido a la publicación de estudios de preferencia electoral para las elecciones subnacionales; en la misma línea, el diputado Renán Cabezas (MAS) anunció un proyecto de ley para evitar las mentiras de las encuestas (18-02-21); la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, cuando estaba como candidata en ese municipio, también demandó un control del Gobierno a las redes sociales para garantizar su “uso adecuado” (04-02-2021).
También se registraron casos de criminalización. Están, entre otros, el pedido del diputado Rolando Cuellar (MAS) a la Fiscalía para aprehender a Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, por “mentir” a los organismos internacionales sobre la situación de su madre (10-09-21); la denuncia de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías por actos de amedrentamiento contra efectivos policiales por su actuar en la crisis política de 2019 (17-03-21) o la denuncia del concejal Mario Condori (MAS) contra la encuestadora Ciesmori por inducir al voto a la población (09-03-21).
En lo referido a amenazas, resaltan la publicación de la página de Facebook “P1ojo C4brón”, del pasado 25 de octubre, en la que se lee un listado de personas “de derecha que deben ser juzgadas y linchadas por la sociedad”. En la lista estaban periodistas y otros defensores de Derechos Humanos: Andrés Gómez, Ximena Galarza, Amalia Pando, Raúl Peñaranda, Abel Bellido Córdova (Abecor), Casimira Lema, Waldo Albarracín, Rolando Villena, entre otros. Otro caso es el del diputado de Creemos Jorge Saucedo, quien amenazó a los autodenominados interculturales afines al MAS con sacarlos de tierras indígenas de Santa Cruz a “puñetes, patadas y chicotes” (30-09-21). También la amenaza vertida por el entonces viceministro de Régimen interior, Nelson Cox: “Quienes utilizaron el concepto de fraude conllevarán responsabilidades por generar zozobra” (28-07-21).
En lo relativo a la obstaculización en procesos electorales está lo ocurrido en San Pedro de Macha, municipio del norte de Potosí, donde el MAS ganó la alcaldía el 7 de marzo con el 100%. Algunos opositores denunciaron que los amenazaron de distintas formas para que no postulen. Otro caso es el de militantes del MAS que fueron desalojados de la plaza principal de Tarija mientras realizaban actos de campaña (02-02-21); o la denuncia del candidato a la alcaldía de Puerto Quijarro, Sócrates Antelo, sobre el secuestro de su coordinadora de campaña (06-03-21).
También hubo casos de agresiones como la sufrida por una caravana que realizaba campaña política por el Frente «Unete» en Cochabamba, que fue agredida con piedras y excrementos (15-02-21) o la agresión a un integrante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) durante los festejos por la efeméride de Santa Cruz (24-09-21). Sobre los casos de atentados contra discurso del interés público sobresale el vertido por el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, quien acusó a la oposición de desinformar a la población sobre la compra de las vacunas para atacar al gobierno (11-01-21) o el tuit del expresidente Morales referido a una campaña «político mediática» en contra de la vacuna Sputnik-V (02-01-21).
Sobre el acceso a la información, resalta la cláusula de confidencialidad que figura en la Ley de Emergencia Sanitaria, que impedía divulgar detalles sobre la vacuna Sputnik-V (10-02-2021). El único caso de condicionamiento previo registrado proviene del ministro de Justicia, Iván Lima, quien anunció que el Gobierno no acataría el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los conflictos de 2019, si eran contradictorios a la versión de la Fiscalía (24-03-21). (Erbol)