Luego de anuncios sobre medidas de presión y acciones legales contra la presentación obligatoria de carnets de vacuna por parte de grupos que se oponen a la inmunización, el diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, pidió que el Ministerio de Salud analice la posibilidad de presentar denuncias formales en contra de estos sectores por generar incertidumbre, desinformación y atentar contra la salud de la población.
El parlamentario señaló que autoridades sanitarias deben analizar el inicio de procesos ante las movilizaciones y anuncios de radicalización de estas medidas en rechazo a la vacunación que son alentadas por grupos minoritarios en base a datos falsos que confunden a la ciudadanía.
Sostuvo que las figuras que deben ser analizadas son desacato o atentados contra la salud pública, pues estas manifestaciones niegan el peligro de la pandemia por coronavirus y van en contra de normativas vigentes en el país.
“Considero que el Ministerio de Salud es la instancia que tiene que tomar decisiones en base a un análisis jurídico por la gravedad de los delitos que se están cometiendo. Entre las altas funciones y prioridades del Estado está el cuidar la salud y la vida”, afirmó Arce.
Además exhortó a estos sectores a reflexionar sobre sus actos y dejar de generar incertidumbre en la población al difundir información y datos falsos con respecto a los beneficios que tiene la vacunación para evitar cuadros graves de covid-19.
“Estas personas que están generando esta incertidumbre en base a mentiras y mitos. Que reflexionen y cuiden a vida de sus familias y la propia por supuesto”, finalizó.
Por su parte, el senador Félix Ajpi, invitó a representantes de estos grupos a presentar sus alternativas a la vacunación en lugar de medidas de presión que perjudican y generan desinformación. “Quisiera que aquellas personas que están oponiéndose, que planteen soluciones a parte de las normativas ya vigentes”, sostuvo.
Durante una entrevista televisiva, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que las amenazas y recursos legales presentados por representantes de los sectores denominados “antivacunas”, además del ultimátum de algunas organizaciones sociales por la abrogación de normas, pueden ser pasibles a acciones jurídicas en su contra.
“Cuando ya se busca dañar la salud de los bolivianos, se busca mentir y tergiversar la verdad, lo que hay que hacer es tomar medidas jurídicas y no es tolerable que se vaya a un tribunal con mentiras, falacias y medias verdades”, afirmó la autoridad.