Cuando los primeros mandatarios del país se estrenaban en sus cargos, pero de manera especial David Choquehuanca en un discurso cargado de emotividad dijo que era tiempo de reconciliación entre bolivianos, lo que entre los políticos opositores y una buena parte del electorado provocó alivio por la novedad que aparejaba una sepultura de varios años de persecución.
Y no es que el alivio haya tenido que ver con impunidad, pero no había que ser gran vaticinador ni visionario para saber que la asunción de Luis Arce iba a traer, entre otras cosas, una venganza por los abusos de Arturo Murillo, y en general, una prolongación de las arbitrariedades cometidas en catorce años de gobierno masista.
Mucho más pronto de lo esperado, esas alentadoras palabras del Vicepresidente se fueron al canasto, porque empezó la cacería de brujas, instaurando procesos judiciales en absoluta inobservancia de las leyes que regulan el comportamiento de las personas. Es decir, forzando tipos penales y con colaboración desvergonzada del Ministerio Público que ha borrado con el codo lo que hasta hace un año hizo con las manos. Milagrosamente mudaron sus anteriores razonamientos jurídicos para convertir en víctimas a los antiguos verdugos, imputando con procedimientos inapropiados en muchos de los casos, solo con el afán indigno de proteger a quienes deben sus nombramientos.
Ahora bien, la reconciliación política que es una medida pública para enfrentar un pasado opresivo e injusto no puede confundirse con que el gobierno o la sociedad se conviertan en promotores del perdón de las víctimas hacia sus perpetradores, llámense de las de Senkata o Sacaba, pero también las del Porvenir o del Hotel Las Américas. En todos los casos se debe proceder a juicios justos, imparciales y apolíticos, que en nuestro sistema judicial son conceptos desconocidos.
Entonces difícil es comprender que, a la llama incendiaria del partido gobernante, se sume la declaración hostil y abiertamente excluyente del ex presidente Evo Morales, quien dijo que no hay posibilidad de reconciliación a menos que todos se sumen a su línea ideológica, lo cual es, en esencia, expresión de una incultura e intolerancia democráticas que no saben de pluralismo ni de unidad en la diversidad. Más aún; la meta de la reconciliación política solo se alcanza cuando el proceso posibilita una transformación personal; y en el caso de un partido como el MAS, no es excesivo afirmar que un 90% de por lo menos sus más altos dirigentes, sienten un exacerbado odio hacia todos los que no piensan como ellos, ocasionando que, por el ejercicio altamente racista y clasista del régimen, la sociedad boliviana se haya fragmentado, y no precisamente en términos ideológicos, lo cual es legítimo y hasta plausible, sino en términos morales, haciendo imposible una reciprocidad democrática entre los actores políticos.
Por tanto, en estos tiempos no solo nos hemos habituado a recibir de cuando en cuando la novedad de una nueva cepa viral, sino que también ahora debemos digerir, sin opción a vomitar, que hay también una nueva variante de reconciliación entre bolivianos, esa que compele a que previamente juremos lealtad al proceso de cambio.
En ese contexto, Bolivia debe deshacerse –y lo veo difícil en el corto plazo– de su justicia retributiva, corrupta e incompetente. Sus gobernantes, a su vez, deben concienciarse de que reconciliación es la puesta en marcha de un proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre gobernantes y gobernados, sin distinción de credos políticos o religiosos, sin condicionar ideas que no sean las del bien mayor, es decir la Patria. El gobierno debe asumir en un mea culpa, –y eso es imposible– que el incendio político se ha descontrolado a partir del desconocimiento de la voluntad popular que le ha negado a Evo Morales la posibilidad de su última candidatura.
No hay reconciliación sin renunciamiento, y no hay verdad sin justicia porque ésta es condición y resultado de aquella.
Augusto Vera Riveros, es jurista y escritor.