La movilización por amnistía para vehículos indocumentados divide a legisladores, mientras oficialistas intentan justificar una posible nacionalización de “Chutos” para favorecer a la reactivación económica, desde la oposición sostienen que recursos deberían beneficiar a las regiones y no al gobierno central.
Señalan que el conflicto que inicia con este sector se debe a promesas electorales hechas por el oficialismo, por lo que, a la fecha, los propietarios de alrededor de 150.000 exigen que se decrete una amnistía para poder regularizar su situación.
El diputado por Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, manifestó que el conflicto se debe a que representantes de propietarios de autos chutos están cobrando la factura al MAS por el apoyo recibido en las pasadas elecciones, por lo que ahora el gobierno debe resolver el problema generado.
“Las personas que tienen autos chutos le están cobrando la factura al presidente Luis Arce, ya que él ha prometido a cambio de votos legalizar estos autos, entonces cualquier problema que exista al respecto va ser responsabilidad del actual presidente ya que él ha intentado comprar los votos, ahora va tener que responder a sus promesas”, dijo.
Para el diputado oficialista Héctor Arce, es preciso que se analice la situación de estos motorizados, pues en muchos casos se constituyen en una fuente de ingresos para personas que habitan sobre todo en el área rural del país. De esta forma se mostró optimista ante una posible amnistía.
“Estos vehículos no están en centros urbanos, están en las comunidades y áreas rurales, que sirven de transporte y que han permitido mejorar la vida de nuestros productores. Yo soy partidario de buscar y darle una solución de fondo, si vamos a intentar recoger estos vehículos de todo el territorio nacional no vamos a poder y vamos a tener un problema social de grandes proporciones” expresó el legislador.
Señaló, además, que los vehículos en cuestión son una realidad, por lo que utilizan combustible boliviano y en muchas ocasiones son usados para actos ilícitos, por lo que, si la solución pasa por permitir una nacionalización, es lo que se tendrá que hacer.
Para el diputado por Comunidad Ciudadana, Ingvar Ellefsen, en caso de darse esta situación, es preciso que los recursos generados beneficien a los municipios y no se entreguen en su totalidad al Gobierno central.
“Si en algún momento se diera que van a nacionalizar, los autos en cuestión, esos recursos deberían ir a los municipios en los cuales estos vehículos se encuentran” expresó.