La crisis de la pandemia puso al país ante una conjunción de tres crisis: sanitaria, económica y social, que juntas ponen a prueba la capacidad de resiliencia, impactando de manera directa en la dinámica económica del país, elevando la incertidumbre, generando una abrupta contracción de la oferta y la demanda, y provocando en 2020 el cierre de operaciones empresariales con fuentes de empleo e inversión que se perdieron en un escenario altamente adverso.
Este panorama debería llevar a la administración del Estado en todos sus niveles (gobiernos nacional, departamentales y municipales) a revertir el alto grado de informalidad que se presenta en nuestro país. La actividad formal cumple con un principio de solidaridad con el Estado, generando contribuciones tributarias que se traducen en la buena salud de las finanzas para la inversión pública y en empleo digno para la sociedad, promoviendo mayor desarrollo económico y social para el país.
Esta crisis puso de relieve que la actividad empresarial privada formal es el verdadero motor de la economía, por lo que debe ser fortalecida con la implementación de medidas económicas oportunas y de impacto. Una de las principales es repensar el modelo del sistema de regulación sobre las actividades económicas, que como lo ve el sector empresarial privado es muy pesado y tendiente a la imposición de sanciones, más que al establecimiento de incentivos que promuevan mayor actividad empresarial e inversiones en el país.
Recordemos las palabras de Gerónimo Frigerio, fundador y Director General de GF Consulting Group, una firma consultora especializada en proyectos y estrategias de inversión en América Latina (desde 2012), “con buenas reglas hay desarrollo. Los países ricos regulan bien, mientras que los pobres lo hacen mucho y mal. Sin buenas reglas no hay buenas instituciones, y sin eso no hay una buena cultura de negocios”.
La organización a la cual tengo el honor de presidir actualmente, la Cámara Nacional de Comercio (CNC- Bolivia), en su rol articulador entre el Gobierno Nacional y las diferentes organizaciones representativas de la sociedad civil, entregó al vicepresidente del Estado Plurinacional el documento “Hacia el nuevo Sistema Regulatorio en Bolivia – Creación del Régimen de Supervisión de la Competencia Económica”.
En esta propuesta se plantea la necesidad de construir una política de mejora de la calidad regulatoria en Bolivia, que rescate lo mejor de nuestra propia experiencia y se nutra de las buenas prácticas internacionales. La propuesta tiene estos fundamentos:
Las oportunidades de expansión y recreación de las empresas son generadas por la competencia en el mercado.
Una buena regulación debe facilitar la actividad económica para (i) reducir los costos de transacción en la vinculación de las empresas y los consumidores con el Estado; (ii) proveer seguridad jurídica, protegiendo los derechos de las empresas y usuarios, y limitando la discrecionalidad en la intervención del Estado; (iii) estimular la buena gobernanza de las empresas; (iv) fomentar el desarrollo empresarial, el emprendimiento y la innovación; y (v) promover la formalización de las unidades económicas del sector informal.
El Estado tiene la potestad regulatoria y debe garantizar las prestaciones a la población, pero al mismo tiempo es un proveedor y competidor en el mercado. Esta doble condición conlleva el riesgo de que el Estado sea juez y parte, y tome decisiones arbitrarias y discrecionales. La forma de prevenir este riesgo es que el Estado delegue la función regulatoria a un organismo independiente de los poderes políticos, económicos y otros grupos de interés. En contrapartida, la autoridad reguladora debe someterse al control jurisdiccional de sus decisiones administrativas y rendir cuentas de sus actuaciones a los órganos Ejecutivo y Legislativo, de modo que sus atribuciones sean ejercitadas correctamente.
La construcción de una nueva política regulatoria supone pasar del esquema de fiscalización y control actual a un modelo de regulación institucionalizado y especializado en sectores claves de la economía.
Una regulación adecuada y eficiente tiene el potencial de resolver cuestiones críticas de la administración pública, como la excesiva burocratización, el gasto fiscal excesivo, la prestación deficiente de servicios públicos o los riesgos de corrupción funcionaria.
Las empresas estatales pueden encontrar en el ámbito de la regulación el marco normativo e institucional que las fuerce a superarse en su desempeño, acometiendo los cambios y mejoras en su capacidad gerencial, organizativa y operativa, para hacerse eficientes, rentables y competitivas. Un resultado así libraría al Estado del costo de que subsistan empresas deficitarias.
No menos importante es la oportunidad de dar seguridad jurídica y confianza al sector privado y, por tanto, de motivarlo y comprometerlo con los planes de reactivación económica y nuevas inversiones.
Todas estas consideraciones y la delicada coyuntura que nos toca vivir, nos plantean el reto de trabajar en articulación público-privada y desarrollar de manera consensuada un nuevo sistema de regulación con las cualidades de una verdadera política pública de interés de todo el Estado, gobierno, empresarios y la ciudadanía en su conjunto.
El autor es Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).