Cuando Arturo Murillo fungía como Ministro de Gobierno, desde esta columna puse de manifiesto el temperamento distintivo del fascismo que exhibió en todo su periodo como dignatario de Estado. El tristemente célebre Ministro era una réplica mejorada de los abusos y atropellos cometidos durante catorce años por el gobierno del MAS.
El triste paso del áspero personaje, nada tiene que ver con un gobierno absolutamente constitucional del que formó parte, pero que su verbosidad sin freno y su encono por el adversario –como expresé en su momento– rápidamente fue minando la credibilidad del régimen, pasándole elevada factura a todo el gabinete. Ahora que en Bolivia se le prueben o desestimen con probidad los delitos que se le imputan, es cosa que sólo una verdadera justicia (que no la tenemos) podrá dilucidar. Existen, sin embargo, indicios que hacen presumir la comisión de graves delitos por parte suya, y al mimado de Jeanine Áñez no le favorecen sus antecedentes, pues el honesto no solo debe serlo, sino parecerlo.
De más progreso, sin duda, son las investigaciones que el FBI hizo al ex ministro, fruto de las que ha colegido la comisión de delitos que, para la legislación norteamericana, son de mucha gravedad, como el lavado de dinero.
Pero bien, el deber de la cooperación internacional, a que Bolivia y los Estados Unidos de América están reatados, no puede interpretarse como una obligación exenta de particular análisis como para que éste, sin más ni más, defiera la solicitud de aquella para extraditar al ex ministro.
De hecho, existen vacíos y ambigüedades en el tratado de extradición suscrito entre ambos Estados, lo cual hace imprevisible un desenlace cierto en este tema. Sin embargo, la aplicación del derecho internacional ante la oscuridad de la norma, debe recurrir a los tratados y declaraciones multilaterales, a la jurisprudencia y a la lógica jurídica, cuando habiendo agotado todas las anteriores fuentes, no se ha llegado a una certitud que permita aplicar el instituto de la extradición bajo los cánones no solo de la justicia sino de la buena relación entre los pueblos.
La detención de Murillo bajo cargos que en el sistema norteamericano suelen ser de punición severos, probablemente determine que tratándose de distintos tipos penales a los que –por lo menos por el momento– se le sindican en Bolivia, que primero, el hoy convicto, deba purgar sus delitos en los Estados Unidos y por un tiempo que aún queda en incertidumbre, habida cuenta que en ese sistema, tratándose de delitos en los que existe la presunción de una asociación delictuosa, con la delación de otros cómplices puede lograrse una reducción de la condena.
Ahora bien, la extradición se asienta en el principio de cooperación, en el respeto a la soberanía territorial ajena, y en la no injerencia en los asuntos internos del otro, es decir que en el espacio territorial donde un Estado ejerza soberanía, debe aplicarse su Ley Penal, según el principio lex locci delicti commissi, aplicable a la prioridad que tienen los Estados Unidos, al haberse anticipado a la justicia boliviana en la imputación y encarcelación del ex ministro, lo que le faculta a enjuiciarlo bajo privación de libertad preventiva, y aún en libertad bajo fianza, que de todas maneras impida la extradición hasta la conclusión del proceso mínimamente, dependiente del fallo.
Existen también argumentos atendibles como para que Bolivia logre una extradición. Cuesta creer, pero en esta materia las regulaciones no son claras; y acá juega el peso que cada Estado tiene y las diferencias que entre Estados Unidos y nuestro país existen, como para que se tenga que esperar a que Murillo haya saldado toda cuenta con la justicia de allá antes de cumplir las sanciones en esta jurisdicción. Y algo importante; existen serios indicios en la comisión de los delitos que se le imputan en Bolivia, pero también es cierto que su tradición ya de hace algunos años de persecuciones políticas, puede perjudicar la solicitud.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.