El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó ayer que, en sus declaraciones ante la Fiscalía como testigo en el caso “gases lacrimógenos”, en el gabinete de la expresidenta Jeanine Añez, del que él fue parte como Ministro de Obras Públicas, “no se aprobó un decreto para que un exministro (Arturo Murillo) se corrompa”.
“El gabinete (de Añez) firmó un decreto tras cumplir todas las formalidades, se aprobó que compren gases lacrimógenos, según una ley sancionada durante el gobierno de Evo Morales. No se aprobó un decreto para que un exministro se corrompa”, reiteró concluida su declaración del entonces ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Arias puntualizó que la compra de armamento no letal y gases lacrimógenos mediante Decreto Supremo, se efectuó ante una situación de necesidad con el respaldo de la Ley Nº 400/13 de Control de Armas de Fuego, Munición, Explosivos y otros Materiales Relacionados, aprobado por el gobierno de Evo Morales y que no fue la primera adquisición bajo esa normativa.
Durante el gobierno de Añez fueron aprobados tres decretos relativos a la compra de material no letal para la fuerza pública, el Nº 4090 del 3 de diciembre de 2019 que autoriza al Ministerio de Defensa la “adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotín, los otros decretos aprobados son los 4116/2019 y el 4168/20.
El ahora alcalde de La Paz, afirmó que mediante la investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sigla en inglés, divulgada días atrás se está conociendo las presuntas irregularidades detrás de estas compras durante la gestión del exministro Arturo Murillo.
Dentro de las investigaciones que se realiza por el denominado caso “gases lacrimógenos”, el Ministerio Público anunció que convocará a declarar a los 23 exministros de la gestión de Añez, de los cuales Arias fue el primero en presentarse, tras ser notificado el pasado miércoles.
CUESTIONA A MURILLO
Arias cuestionó la actuación de Murillo y de políticos que durante años cometieron varios actos irregulares que dañan la democracia.
“Uno de los aspectos que más ha afectado a la credibilidad de la democracia es la corrupción, en estas circunstancias, el peso de la ley debe sancionar a cualquiera que sea encontrado culpable. Eso ha mellado el respaldo de la ciudadanía en la democracia”, dijo.
En criterio de Arias, la posibilidad de extraditar a Murillo debe ser evaluada tomando en cuenta que ya está preso en Estados Unidos, y lo conveniente es que siga el proceso y solo cuando corresponda a las instancias nacionales deberán continuar con lo que corresponda.
“La lógica de ‘yo le meto nomás’ también ha provocado que muchos funcionarios se sientan motivados a cometer cualquier delito, sabiendo que no va haber sanción y ello ha traspasado a todos los gobiernos”, afirmó.
En este sentido, fustigó la actuación del exministro Murillo por dañar la democracia y el robo inclemente al erario público.
“Murillo le hizo mucho daño a la democracia y al proceso que estamos viviendo. Por tanto, la Justicia se hará cargo, yo prestaré mi declaración”, puntualizó al reiterar que se hará presente siempre que sea requerido por la Fiscalía.