No obstante que la mayoría de la población ha manifestado varias veces su apoyo a que la democracia rija en el país, durante numerosos gobiernos no ha sido perfeccionado ese sistema de gobierno, por lo que, particularmente políticos sin apego a la ética, hacen de las suyas, para beneficiarse y a sus allegados.
Al respecto, es oportuno recordar que apenas el “masismo” llegó al poder en 2006, comenzó el asalto a la administración pública. Es decir que se dedicaron frenéticamente a copar cargos públicos, sin que interese, en la mayoría de los casos, de si se trataba de personas con suficientes méritos académicos o técnicos. Y desde el MAS surgió la justificación de que había que recompensar a quienes habían apoyado al partido azul durante las campañas electorales, sea con dinero o trabajo partidario. En síntesis, quienes habían aportado, tenían “derecho” a recuperar lo invertido o a obtener puestos en entidades del Estado.
Pero como resultado de ese execrable pensamiento populista, abundaron los casos de inoperancia gubernamental, corrupción que implicó la pérdida de gigantescas sumas de dinero de todos los bolivianos, las construcciones faraónicas sin sentido, obras entregadas a medias o sin equipamiento, así como un intolerable derroche de recursos económicos para favorecer a los sectores afines al “masismo”.
Una muestra inobjetable de ese estado de descomposición moral, la dio la anterior Asamblea Legislativa, propensa a bochornosos espectáculos, como peleas campales, agresiones verbales, acusaciones mutuas, etc. Y cuando con la llegada de un nuevo gobierno presidido por Rodrigo Paz Pereira se esperaba un mejor funcionamiento del Legislativo, noticias recientes hacen ver lo contrario.
Nos referimos al caso de dos diputados suplentes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que, después de la aparición de grabaciones de llamadas telefónicas, difundidas por redes sociales, han sido acusados de presunto tráfico de influencias para imponer que algunos de sus allegados obtengan cargos públicos. Como si no valieran los reglamentos y requisitos establecidos.
Sin embargo, este es apenas uno de los muchos casos denunciados en los últimos años y que revelan el estado calamitoso de muchos partidos políticos. Al parecer ya no vale la ideología ni el servicio a la población, sino entrar a puestos estatales para favorecerse y a familiares y amistades.
Y quedan en ridículo quienes defienden esa conducta abusiva, pues olvidan el significado de la investidura parlamentaria. Es decir, que ser asambleísta implica velar, sobre todo, por los intereses del país y de su población, sin olvidar que por esa labor obtienen jugosas remuneraciones y muchas veces con mínimo trabajo. Se justifica, entonces, la indignación popular y las demandas de la ciudadanía para que comiencen las investigaciones de este y otros casos en los que por influencia política se ha designado funcionarios públicos, si no quiere el actual gobierno seguir despintándose.
Presiones para obtener cargos públicos
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