La historia criminal de América Latina suele repetirse bajo un patrón perverso: el fulgor transitorio del éxito policial se apaga con demasiada rapidez ante la opacidad de los despachos y la sombra ominosa de la corrupción. El reciente y resonante operativo que condujo a la captura y expulsión internacional de Sebastián Marset —ejecutado con precisión milimétrica en la madrugada del viernes 13 de marzo de 2026— quedará grabado en los anales de la seguridad nacional como una obra maestra del planeamiento táctico y de la inteligencia operativa coordinada con agencias globales como la DEA. Sin embargo, lo que debió ser un triunfo incuestionable del Estado boliviano contra las redes del narcotráfico transnacional se ha convertido, en pocas horas, en un espejo roto donde se refleja la más profunda crisis de credibilidad institucional de nuestra historia democrática.
La dualidad de los hechos es desconcertante. Por un lado, la incursión en la zona de Las Palmas demostró que las unidades élite de la FELCN y el CEIP poseen la capacidad técnica y el entrenamiento para desarticular objetivos de alta peligrosidad. No obstante, apenas el detenido abandonó la escena, el velo de la legalidad comenzó a desgarrarse. Las imágenes de las cámaras de seguridad (CCTV) revelando la manipulación y el retiro de maletas y bultos no inventariados a las 04:36 AM —con un botín presunto de cuatro millones de dólares, joyas y relojes de alta gama— abrieron una herida incurable en la cadena de custodia.
Aquí es donde el sistema judicial y policial revela su peor rostro: la propensión endémica a sacrificar a los mandos medios mientras se blinda a la cúpula. La detención del Capitán Luis Guillermo Ruiz Guzmán y la orden de privación de libertad contra el Teniente Coronel Juan Marcelo Ferrufino —quien se encontraba abocado a las negociaciones externas del perímetro y ajeno al interior de la residencia en el minuto crítico— exponen una cacería de brujas orientada a desviar la atención. Mientras tanto, las revelaciones explosivas emitidas desde la clandestinidad por el Teniente Coronel Erick Correa apuntan con dedo acusador al Ministerio de Gobierno y al Alto Mando Policial, señalando un esquema sistemático de encubrimiento, edición de material audiovisual y desviación de fondos incautados.
La denuncia de Correa no se limita al faltante millonario del clan Marset; entrelaza los hilos oscuros de la inteligencia estatal con operaciones de guerra sucia, el espionaje político vinculado a figuras como Fernando Cerimedo e incluso el desvío deliberado de investigaciones tan sensibles como el intento de feminicidio contra la abogada Nadia Beller. Cuando un oficial de carrera asegura poseer un archivo probatorio compuesto por audios, fotografías y videos para demostrar su inocencia a cambio de garantías internacionales, el Estado de Derecho deja de ser una garantía ciudadana para convertirse en un coto de caza de intereses faccionales.
La sociedad boliviana no puede ni debe tolerar que la lucha contra el narcotráfico se reduzca a un botín de guerra entre mafias y protectores de escritorio. La verdad material no se encubre con detenciones preventivas arbitrarias ni con comunicados ministeriales que subestiman la inteligencia de la opinión pública. Exigir una investigación verdaderamente independiente, transparente y ajena a las presiones del Ejecutivo no es defender privilegios corporativos, sino rescatar la dignidad de una institución policial que agoniza bajo el peso de sus propias contradicciones. Si el poder político decide ignorar estas advertencias y silenciar a quienes reclaman justicia con pruebas en la mano, la gran traición a la esperanza nacional no habrá sido solo la fuga o el robo de cuatro millones de dólares, sino la consumación definitiva de la impunidad institucionalizada.
El autor es periodista.