Audios son parte de una estrategia para desestabilizar al Gobierno

Calificando el escándalo de los audios atribuidos a autoridades como un complot carente de validez por no tener certezas de su origen, el asambleísta nacional por La Paz, Alejandro Reyes, aseguró que ya es innecesario hablar de un tema que claramente es parte de la estrategia para desprestigiar y desestabilizar al actual gobierno.
En conferencia de prensa, Reyes cuestionó que la constante difusión de audios en redes sociales, colmen la agenda mediática, pese a tratarse de un material carente de fuentes, verificación o se presenten como parte de una denuncia formal ante las instancias competentes.
Según el legislador paceño, se puede observar que la principal finalidad para la filtración de este material es afectar negativamente la imagen de autoridades y de la propia familia presidencial, por lo que dichas grabaciones deben ser consideradas parte de una estrategia para desestabilizar al Gobierno y al Estado boliviano.
“Todo esto responde a un complot, a un intento de desestabilizar el Estado. Hablar de rumores, audios y toda denuncia que provenga de redes sociales ya no es necesario. Me parece que se debe ver el panorama en grande, se trata de un complot cuya única finalidad es desestabilizar al Gobierno”, sostuvo.
Consultado sobre los responsables por la filtración de audios, Reyes apuntó a aquellos sectores e intereses políticos que desde la caída del Movimiento al Socialismo (MAS) se han empeñado en desestabilizar y generar conflicto social mediante medidas de presión y ahora con campañas de desprestigio.
“Son esos enemigos de la democracia y de los bolivianos, los que están tratando de hacer caer al Gobierno desde hace mucho tiempo, por lo tanto, esto también responde a ellos”, explicó el legislador, reprochando que se esté tratando de involucrar gente solo por su cercanía con autoridades de gobierno.
Para Reyes, más que revelaciones, lo que se está haciendo con la difusión de audios atribuidos a diferentes personas, sin respaldo verificable, “es incurrir en el delito de espionaje, siendo lo más grave en el tema de dichas filtraciones”.
Afirmó además que, si se toma en cuenta que en el último tiempo esta práctica de desprestigio se ha vuelto recurrente, referirse al tema deja de tener sentido porque solo se alimentan rumores basados en material del que nadie se hace responsable ni se los usa para sustentar una denuncia formal.
“Este es un nuevo intento de desestabilización que es parte de muchas otras estrategias. Las vimos en las calles, en bloqueos, con violencia y ahora en este tipo de intento de desprestigio”, reiteró Reyes, insistiendo en que no existe una sola certeza respecto a la validez o veracidad de los audios en cuestión, lo que además les quita toda validez jurídica.
Ayer, luego que varios parlamentarios y actores políticos se pronunciaron en demanda de una urgente investigación sobre los audios atribuidos a Fernando Cerimedo en conversaciones con varias autoridades y miembros del entorno presidencial, el presidente Rodrigo Paz sugirió hacer una investigación al respecto, pero para conocer quiénes son los responsables de filtrar o producir dicho material.
En los últimos días, nuevos audios filtrados motivaron a legisladores de distintas fuerzas políticas a exigir que el nuevo fiscal general del Estado tome cartas en el asunto y se inicie una investigación de oficio, esto por la gravedad de que ministros de Estado y la propia primera dama estén involucrados en posibles actos irregulares.
“Exigimos al fiscal general que de manera inmediata se pueda conformar una comisión de fiscales y se pueda iniciar ya con los procesos de autenticidad y de identificación de veracidad sobre las pericias de los audios. No puede ser que salgan cada día audios y el Ministerio Público no se pronuncie hasta hoy”, manifestó la jefa de bancada por la alianza Libre en la Cámara de Diputados, Lissa Claros.
En criterio de la legisladora representante del departamento de Potosí, las investigaciones deben alcanzar a todos los posibles involucrados, sin que exista algún tipo de protección o injerencia del poder político sobre la justicia.
A la fecha, fueron difundidos alrededor de una decena de audios atribuidos al exasesor presidencial Fernando Cerimedo, en supuestas conversaciones con ministros de Estado, políticos, la primera dama y jefes policiales.
Paz también afirmó haber recibido audios de otros actores políticos y de miembros de las alianzas Libre y Unidad, e insistió en la importancia de poder establecer el origen del material en cuestión.
“Hoy día (ayer) me han pasado unos audios, he escuchado ahí, con Lucho Vásquez, de Samuel, esto tiene que verlo la Justicia, pero habría que investigar quién filtra o quién los produce”, añadió.