La presencia de fiscales, jueces, policías y exautoridades en la lista de restricciones de visas de Estados Unidos evidencia la necesidad de impulsar una reforma judicial y renovar las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico, según el analista e investigador Manuel Morales, quien abordó estos temas en contacto con EL DIARIO.
De las 28 personas incluidas en la restricción, 18 estarían vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS), siete con la actual administración de Rodrigo Paz y tres no tendrían una filiación claramente establecida, según la clasificación de Morales. Esta distribución representa el 64%, el 25% y el 11%, respectivamente.
Para el investigador, la presencia de personas vinculadas a distintas gestiones gubernamentales en instituciones como el Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Policía evidencia la necesidad de revisar su funcionamiento. Entre los identificados mencionó a los exfiscales generales Roger Mariaca y Juan Lanchipa, elegidos durante gobiernos del MAS, así como a jueces y efectivos policiales relacionados con tareas de lucha contra el narcotráfico.
Morales consideró que la reforma judicial anunciada por el Gobierno debe traducirse en cambios concretos. Recordó que, después de asumir la Presidencia, Rodrigo Paz anunció una cumbre en Cochabamba con alrededor de 500 delegados para abordar la situación de la justicia, pero señaló que las transformaciones estructurales todavía no se materializaron.
El analista sostuvo que la respuesta no debería concentrarse únicamente en investigar o apartar a determinados funcionarios, sino en modificar el funcionamiento de las instituciones.
“No necesitamos que exista un fiscal interino que persiga a los funcionarios del Ministerio Público, necesitamos fundamentalmente la reforma, porque esa represión tiene que venir como una purga, como una depuración de toda la estructura” sostuvo el entrevistado.
A su criterio. la renovación también debe contemplar mecanismos transparentes para seleccionar a las nuevas autoridades judiciales y evitar que intereses particulares interfieran en esas designaciones. En ese marco, expresó preocupación por los cuestionamientos que, según señaló, rodearon la elección de Mariaca, y planteó que el Parlamento debe garantizar condiciones adecuadas para la designación de quienes asumirán la conducción de la justicia.
La necesidad de cambios, según Morales, también alcanza a las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico. El investigador sostuvo que Bolivia acumula 18 años consecutivos de descertificación en esta materia, desde 2008 hasta la actual administración, y cuestionó los resultados de la Policía y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) en las tareas de erradicación de cultivos y control de la producción excedentaria de coca destinada al tráfico de drogas.
“Son 18 años consecutivos del fracaso de la Policía, de la Felcn, y sus tareas respecto a la erradicación de cultivos y la eliminación de la producción excedentaria que se destina al narcotráfico”, manifestó.
Entre las personas mencionadas en la relación figuran Frans William Cabrera, quien fue director de la Felcn durante el actual Gobierno, a quien Morales vinculó con responsabilidades anteriores en esa unidad. Para el analista, estos casos refuerzan la necesidad de revisar la estructura y el desempeño de los organismos responsables de enfrentar el narcotráfico.
En ese sentido, planteó que la transformación no debe limitarse a cambios de autoridades, sino alcanzar a la propia institución antidrogas. “Hay que renacer, hay que refundar la institución que lucha contra el narcotráfico y necesitamos que las autoridades, si quieren que la población crea en ellos, se pongan las pilas”, sostuvo.
Morales insistió en que la reforma judicial y la renovación de las entidades responsables de combatir el narcotráfico deben traducirse en medidas concretas que permitan mejorar su funcionamiento y recuperar la confianza ciudadana.