El Gobierno aseguró ayer que no protegerá a los funcionarios y exautoridades incluidos en las listas de bolivianos con restricciones de visa impuestas por Estados Unidos y anunció que algunos casos ya son investigados en el país.
La medida estadounidense, que alcanza a personas presuntamente vinculadas con hechos de corrupción y narcotráfico, provocó nuevas repercusiones políticas.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que funcionarios de la actual administración incluidos en las nóminas fueron apartados de sus cargos y sostuvo que las autoridades nacionales no encubrirán posibles irregularidades.
Entretanto, sectores cívicos de Santa Cruz solicitaron que la Cancillería gestione ante Estados Unidos la información que respalda las restricciones migratorias, con el propósito de determinar si existen elementos que justifiquen la apertura de investigaciones y procesos judiciales en Bolivia.
El pronunciamiento surgió después de que el Departamento de Estado estadounidense difundiera, el jueves 22 de octubre, una nueva lista de 15 ciudadanos bolivianos sujetos a restricciones de visa, entre ellos legisladores, autoridades judiciales, fiscales y exjefes policiales.
Entre los mencionados figuran los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez, además del exfiscal general del Estado Juan Lanchipa Ponce.
La nómina también incluye al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti; al fiscal coordinador de Sustancias Controladas de Santa Cruz, Julio César Porras Velarde, y al exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras, Diego Alejandro Barboza Zeballos.