Desde Estados Unidos, el exministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, advirtió sobre la profunda debacle socioeconómica e institucional que atraviesa Bolivia, señalando que la imagen internacional del país como un “narcoestado” ahuyenta la inversión extranjera. Durante una entrevista concedida al programa Economía y Empresa de EDI TV Bolivia, el analista sostuvo que la solución estructural exige declarar formalmente nula la actual Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) para retornar al ordenamiento jurídico de la República.
Sánchez Berzaín contrastó la situación actual con los indicadores económicos de 2003, año que situó como el punto de quiebre para el país y también recordó que, en aquel entonces, Bolivia era una potencia gasífera regional con mercados asegurados, estabilidad cambiaria, reservas de oro sólidas, bajos niveles de pobreza y miles de millones de dólares en inversión extranjera directa. Por el contrario, alertó que en 2026 la economía nacional sufre un retroceso histórico (con proyecciones de decrecimiento del PIB cercanas al 3%, según organismos internacionales) una pobreza que supera el 62% y una economía dominada por la producción ilegal de coca y cocaína que rebasa las 70.000 hectáreas.
Para el exministro, el mayor obstáculo para la recuperación económica radica en la inseguridad jurídica y el estigma de la ilegalidad. Afirmó tajantemente que ningún inversor arriesgará su capital mientras la justicia boliviana continúe operando como un sistema de extorsión y coimas, y persista el modelo del “Socialismo del Siglo XXI”.
En este contexto, subrayó que el actual mandato del presidente Rodrigo Paz enfrenta una disyuntiva histórica: continuar administrando los resabios del narcoestado plurinacional o asumir un rol refundacional que restituya la institucionalidad democrática.
En el plano jurídico, Sánchez Berzaín profundizó en su propuesta central: la declaración de nulidad de la actual Constitución. Argumentó que el texto constitucional del Estado Plurinacional «nació muerto» al haber sido impuesto mediante violencia, falsificaciones y vulneraciones a los mecanismos rígidos de reforma de la CPE de la República. Citando normas fundamentales que sancionan la usurpación de funciones, enfatizó que no se requiere redactar un nuevo texto desde cero, sino que una autoridad en ejercicio reconozca formalmente su nulidad originaria mediante decreto, ley o auto supremo, restituyendo así el Estado de derecho y la seguridad jurídica indispensable para el desarrollo de Bolivia.