Hoy me reencontré con un amigo de la universidad. Hace treinta y cuatro años se fue a Estados Unidos. Dejó los estudios, trabajó mucho y en cuanto pudo, se hizo ciudadano y construyó una vida que le permite disfrutar lo ganado. El sueño americano se cumplió para él. Escucharlo fue también recordar los años en que el futuro todavía era una conversación entre compañeros.
Pero los reencuentros traen preguntas que la nostalgia no alcanza a responder. Quería saber qué debía cambiar en Bolivia para que, cada vez que viniera de vacaciones, no encontrara todo un poco peor. Su pregunta llevaba el desconcierto de quien conserva el afecto por un lugar que cada vez le cuesta más reconocer. La tristeza de quien regresa se parece a la fatiga de quienes permanecemos.
Ensayé respuestas: aprender a votar, elegir autoridades menos corruptas, dejar de derrochar cuando tenemos dinero. Me escuchó y respondió que lo que debía cambiar era la justicia. Me quedé pensando.
Una justicia confiable protege mucho más que el desenlace de un juicio. Permite trabajar sin depender de favores, reclamar un derecho sin temer una represalia y hacer planes con alguna certeza. Le da sentido a cumplir las reglas. Cuando esa confianza se pierde, cada decisión necesita una precaución adicional: conocer a alguien, pagar una protección, resignarse o irse.
La impunidad transmite una enseñanza persistente. El que abusa calcula sus ventajas; el que cumple aprende cuánto puede costarle hacerlo. Con el tiempo, esa desigualdad entra en la vida cotidiana y termina pareciendo normal. Así se desgasta un país: también en las pequeñas renuncias de quienes dejan de esperar un trato justo.
El escándalo que rodea a Roger Mariaca y las investigaciones sobre el Ministerio Público obligan a mirar esa herida. La institución encargada de perseguir delitos debe responder a las sospechas sobre su propio funcionamiento. Las responsabilidades tendrán que establecerse con pruebas y garantías. Precisamente allí debe empezar la justicia que reclamamos.
El relevo de los fiscales departamentales y el anuncio de una reforma judicial para enero abren una posibilidad. Conviene recibirla con esperanza y seguirla con exigencia. Los nuevos nombres, los recursos y las herramientas que se anuncian deberán traducirse en decisiones independientes, investigaciones serias y respuestas oportunas.
Habrá razones para confiar cuando una víctima pueda reclamar sin buscar padrinos; cuando una investigación alcance a los amigos del poder; cuando una acusación necesite pruebas y una resolución se cumpla. La reforma se reconocerá en esas experiencias. Su medida será la confianza que logre devolver a quienes hoy se sienten indefensos.
Tal vez mi amigo haya señalado una condición que atraviesa muchas de nuestras frustraciones. La justicia, por sí sola, no resolverá todos los problemas de Bolivia. Pero puede impedir que tantos esfuerzos terminen derrotados por la misma ventaja: la de quien sabe que no tendrá que responder.
Me alegró verlo bien. Hay una felicidad particular en comprobar que a un amigo querido la vida le ha devuelto algo de lo que puso en ella. Ojalá, en su próxima visita, encuentre razones para alegrarse también por nosotros. Para que volver al país sea, además de recuperar los afectos, descubrir que aquí también está siendo posible construir un futuro.
El autor es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario, analista político.