El fuego no tiene argumentos

Las imágenes de varias capitales europeas envueltas en llamas, con escaparates destrozados y adoquines volando por los aires, ya no representan una simple protesta social; se han convertido en la crónica de una degradación moral y civil. Es innegable que el continente atraviesa una tormenta perfecta: una crisis inflacionaria asfixiante, el encarecimiento desmedido de la vivienda, la precariedad laboral y una clase media que ve cómo su calidad de vida se erosiona a pasos agigantados. La frustración es real, legítima y comprensible. Ciertamente, la vida está muy costosa y el descontento social tiene motivos de sobra para exigir respuestas urgentes a los gobernantes. Sin embargo, el error fatal radica en confundir la indignación legítima con la barbarie.
Ninguna asfixia económica, por severa que sea, puede transformarse en una licencia para saquear comercios de barrio, destrozar el mobiliario urbano o quemar edificios públicos y residenciales. En esta deriva violenta, se cumple la vieja máxima de que terminan pagando justos por pecadores. ¿Qué culpa tiene el pequeño comerciante que apenas logra pagar el alquiler, de que las políticas macroeconómicas fracasen? ¿Por qué debe un trabajador ver reducida a cenizas la herramienta con la que sostiene a su familia? Destruir el patrimonio común y el sustento ajeno no debilita a los poderosos; asfixia a los más vulnerables, los mismos a quienes los violentos pretenden defender. El vandalismo no redistribuye la riqueza, solo democratiza la miseria y el miedo.
Bajo la romántica narrativa de la “revolución” o la “resistencia popular”, se esconde a menudo un nihilismo destructor que carece de proyecto político o social.
Si la revolución consiste en esto —en el imperio de la fuerza bruta, el caos generalizado y el ataque al vecino—, el remedio resulta infinitamente peor que la enfermedad. Este tipo de insurrección ciega termina demostrando ser mucho más injusta, cruel y violenta que el propio statu quo que pretende combatir. Mientras el sistema democrático, con todas sus imperfecciones y lentitudes, ofrece canales institucionales para la protesta, el disenso y el voto, la violencia callejera solo impone la ley del más fuerte.
La historia ha demostrado con creces que cuando el humo de las barricadas se disipa, lo único que queda es una sociedad más fracturada, un comercio local herido de muerte y un terreno abonado para el autoritarismo. Algo así sucedió en La Paz durante los meses de mayo y junio del presente año, cuando turbas enfurecidas destrozaron negocios y escaparates, además de impedir la libre locomoción de sus habitantes. ¿La realidad cambió por esas violentas protestas? No, ciertamente. Y es que la justicia social no se construye con cócteles molotov ni se compra con artículos saqueados de un escaparate roto.
Europa debe escuchar el malestar de sus ciudadanos y corregir el rumbo económico, pero la ciudadanía debe aislar sin contemplaciones a quienes utilizan la miseria como excusa para desatar el vandalismo. El futuro no se edifica destruyendo el presente.