El silencio de Pérez Esquivel ante el asedio nacional-popular

La reciente carta pública del Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, dirigida al presidente Rodrigo Paz y al Órgano Legislativo, constituye una preocupante muestra de sesgo ideológico y desconexión con la realidad de las calles bolivianas. En su misiva, el activista internacional advierte que la democracia en Bolivia “se está debilitando bajo el imperio del pensamiento único” y califica el tratamiento del proyecto de ley antibloqueo como “un retroceso en el derecho y la dignidad del pueblo”. Sin embargo, bajo la retórica de los derechos humanos y la no violencia que le valieron el galardón en 1980, Pérez Esquivel decide ignorar el sufrimiento cotidiano de millones de bolivianos. En sus extensas críticas no dedica ni una sola palabra, ni un ápice de empatía, a cómo las sistemáticas asfixias camineras y los cercos violentos destruyen la economía de familias enteras, quiebran microempresas y atentan de forma directa contra la vida humana al bloquear ambulancias o el suministro de insumos médicos básicos en las carreteras.
Esta postura revela la hipocresía con la que cierta izquierda continental evalúa los derechos fundamentales, erigiendo el bloqueo de caminos como una suerte de “derecho sagrado” e intocable de protesta, sin importarles en lo más mínimo la devastadora afectación a terceros. El relato romántico que defiende el estrangulamiento de rutas como una herramienta legítima de los oprimidos tropieza de frente con la cruda realidad del terreno. Quienes sufren el desabastecimiento, la inflación de los alimentos en los mercados urbanos y la imposibilidad de trabajar de forma libre no son necesariamente los sectores ricos de la sociedad, ni siquiera las clases medias acomodadas.
Las principales víctimas de la dictadura de las piedras y las barricadas son los ciudadanos más vulnerables: productores agrarios minifundistas que ven pudrirse sus cosechas en los camiones, comerciantes minoristas que viven del día a día, y transportistas independientes atrapados durante semanas en el asfalto. Al defender estas medidas de presión violenta para proteger agendas de impunidad o ambiciones caudillistas del pasado, la izquierda despoja de sus derechos civiles más elementales a quienes no comulgan con sus reclamos específicos.
Limitar la definición de democracia y derechos humanos únicamente al resguardo del manifestante radical es una aberración jurídica y moral. Un Estado moderno no puede permitir que el libre tránsito, el derecho al trabajo y la seguridad alimentaria de toda una nación permanezcan secuestrados por sectores corporativos que utilizan el sabotaje vial como mecanismo de chantaje político. La indignación selectiva de figuras extranjeras como Pérez Esquivel solo profundiza la polarización interna. La dignidad de un pueblo no se defiende aislando ciudades ni matando de hambre a los trabajadores del agro y las urbes, sino garantizando que el derecho de uno termine donde empieza el derecho del otro a vivir en paz.