Mientras el ciudadano de a pie madruga durante días enteros en las estaciones de servicio para conseguir unos litros de combustible, padece la devaluación fáctica de sus ingresos y sobrevive a una crisis económica asfixiante que carcome el estómago de las familias bolivianas, la clase política habita una blindada y obscena burbuja de opulencia material financiada con el erario público. El comportamiento de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de las asambleas legislativas departamentales es éticamente intolerable y estéticamente insultante.
Estos cuerpos colegiados se han transformado, con el paso de los años, en un costoso y gigantesco ejército de funcionarios supernumerarios que no legislan con rigor, no fiscalizan con honestidad y no generan un solo beneficio útil, tangible o necesario para el desarrollo del país. Su única destreza demostrada radica en el bloqueo institucional sistemático, el canibalismo partidario y la defensa corporativa de sus jugosas dietas mensuales, viáticos internacionales y prebendas partidarias, mientras la sociedad civil asiste con absoluta impotencia acumulada a la inutilidad crónica de sus cargos públicos.
El insulto definitivo a la dignidad popular y al sentido común se desplaza a diario por las calles empinadas y las avenidas de las capitales bolivianas. Es habitual y exasperante observar a estos parlamentarios, senadores y asambleístas movilizarse para sus quehaceres personales, familiares y domésticos en gigantescas, imponentes y lujosas vagonetas Nissan Patrol oficiales, vehículos de alto cilindraje que devoran sin pudor el carburante subvencionado que en la actualidad al sector productivo, a los transportistas y al pueblo llano les falta en las estaciones de servicio. Ver a estos monstruos automotrices de lujo resguardando la comodidad y el estatus de burócratas que solo asisten a las sesiones para levantar la mano mecánicamente, dormir en sus curules o protagonizar bochornosos pugilatos frente a las cámaras, es la radiografía exacta de un Estado parásito y decadente.
Los placeres materiales de los que goza la casta política actual, desconectada por completo de las angustias económicas y del sufrimiento diario de sus representados, demuestra que en Bolivia el servicio público dejó de ser un honor y un deber patriótico, para convertirse en una descarada agencia de enriquecimiento privado y confort automotriz. Un país empobrecido y en crisis de divisas no puede seguir costeando el insultante tren de vida de autoridades que le cuestan demasiado dinero a la nación y sirven para tan poco. Muchos de los políticos son parásitos que no van a servir al pueblo, sino que se sirven del Estado y cobran altos salarios para tener una vida de placeres materiales. Esa forma de concebir la función pública, una manera patrimonialista, también revela el retraso y el subdesarrollo que acarrea Bolivia desde su fundación.
El séquito de la abundancia
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