Ante la complejidad de la norma que aplica nuevas variables para las tarifas de electricidad, expertos en el tema señalan que las fórmulas deben ser explicadas y que la nueva metodología debe ser fiscalizada para evitar incrementos automáticos del servicio.
En declaraciones a Erbol, el experto en temas energéticos, Fernando Rodríguez, lamentó la complejidad del decreto sobre las tarifas de electricidad, debido al número de fórmulas que plantea para el cálculo de la nueva tarifa de electricidad.
Mientras para el analista económico Gonzalo Chávez sostuvo que las nuevas variables establecidas en el decreto supremo buscan suavizar las fluctuaciones de las tarifas que se registren cada mes, con leves incrementos, y el Gobierno debería aclarar en qué porcentaje subirá la factura.
“Porcentajes pequeños pueden producir resultados grandes cuando se acumulan”, advierte Chávez al indicar que si bien, hipotéticamente, cada mes se registre un incremento del 1%, el porcentaje se acumularía hasta finales de año y el mismo ya no sería la cifra señalada, sino 12%.
A pesar de ello, el analista sostiene que la normativa apunta a una posible transformación profunda de precios de la energía y la aplicación busca atraer inversiones para el sector de la energía renovable.
Sin embargo, los incrementos afectarán a las familias, ya que deberán incrementar el monto para pagar la factura de electricidad. “Bolivia necesita modernizar centrales eléctricas, garantizar inversiones y desarrollar energías renovables”, por ello los precios deben reflejar razonablemente los costos económicos, reflexionó.
En ese sentido, aseguró que se deben sincerar los precios, pero también el discurso, a través de una explicación clara sobre cuánto va a pagar una familia si tiene una factura mensual de 100 bolivianos por el consumo, por ejemplo, sugirió.
A eso añadió que debe explicarse cómo se va ha proteger a los hogares vulnerables.
Estructural
Por su parte, el análisis del expresidente del Comité Boliviano de la Comisión de Integración Energética Regional (Bocier), Boris Santos Gómez Úzqueda, plantea que se debe afrontar el tema de forma estructural, empezando por la Constitución y la ley sectorial.
El Decreto Supremo N.º 5750 modifica fórmulas de actualización de precios y tarifas del sector eléctrico. Incorpora variables como tipo de cambio oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y componentes diferenciados de los costos nacionales e importados, así como incorpora el indicador de los combustibles, como el diésel.
El punto central es que el decreto modifica mecanismos de cálculo y actualización de tarifas, pero esto no significa necesariamente que todas las facturas eléctricas aumenten de inmediato ni en el mismo porcentaje, aclaró.
La incorporación de variables cambiarias y de inflación puede permitir que las tarifas reflejen mejor la evolución de costos de mantenimiento, equipos e inversiones eléctricas, señaló a tiempo de indicar que estos aspectos contribuyen a reducir la incertidumbre para empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras, facilitando la planificación financiera de las compañías.
Usuario final
“Obviamente, si aumenta el tipo de cambio, la inflación o los costos reconocidos, las fórmulas podrían trasladarse parte de estas variaciones a las tarifas (al usuario final). El impacto concreto dependerá de los componentes y ponderaciones establecidos en la norma”, apuntó.
Además, dijo que es importante que los hogares, comercios e industrias necesitan conocer cuándo se aplican las actualizaciones, cómo se calculan y cuánto podrían representar en sus facturas mensuales.
“Esas actualizaciones de costos no deberían, teóricamente, convertirse en un mecanismo para trasladar automáticamente gastos excesivos a los usuarios finales. Es necesario fiscalizar los costos operativos, las pérdidas eléctricas y la eficiencia de las empresas”, sugirió.
Inversiones
Gómez Úzqueda aseveró que modificar fórmulas tarifarias no garantiza nuevas inversiones, mayor capacidad de generación, diversificación energética ni seguridad de abastecimiento. Para alcanzar estos objetivos, se requieren reformas e inversiones adicionales.
“Urge diversificar la matriz eléctrica: impulsar proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos técnicamente viables, incorporando almacenamiento cuando resulte conveniente. El objetivo es reducir la dependencia del gas natural y mejorar la seguridad energética. Y liberar, como siempre dijimos, volúmenes de gas destinados al sector eléctrico para exportar”, enfatizó.
Insistimos en atraer inversión privada, con una Constitución nueva, que respete la inversión y con nueva arquitectura legal, reiteró.
Integración
El consultor energético va más allá de la explicación de la nueva normativa planteada por el Gobierno, al indicar que se debe dar un paso en el fortalecimiento de la integración regional y evaluar interconexiones con países vecinos e intercambios comerciales de electricidad, que permitan aprovechar excedentes regionales y reducir costos de abastecimiento.
“Un país con excedente eléctrico puede perfectamente vender a otro país con demanda eléctrica. Naturalmente es el mercado el que manejará estas fluctuaciones y ahora más que nunca, cuando la superinteligencia requerirá mayores volúmenes de electricidad”, planteó.
Asimismo, insistió en que se convoque a un Consejo Nacional de Energía, entre empresas y académicos, que conozcan el sector, para elaborar una política energética integral que combine tarifas técnicamente justificadas, eficiencia operativa, inversión pública y privada, diversificación de la generación y protección de los consumidores vulnerables.
“El objetivo debe ser construir un sistema eléctrico confiable, competitivo y sostenible, capaz de abastecer a los hogares, reducir costos para las empresas y respaldar el crecimiento industrial del país”, concluyó.