Proyecto de ley plantea investigar patrimonio de autoridades públicas

La diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao Espinoza, presentó el Proyecto de Ley denominado “De Integridad y Control Patrimonial del Órgano Judicial, Ministerio Público y Derechos Reales”, propuesta que busca investigar el origen de bienes y fortunas de jueces, fiscales, magistrados y otras autoridades, con el propósito de combatir la corrupción y transparentar el patrimonio de quienes ejercen la función pública.
En declaraciones a la prensa, la legisladora representante del departamento de La Paz explicó que la iniciativa presentada busca evitar que existan más casos de enriquecimiento ilícito, producto de actos de corrupción en el que incurren algunas autoridades, cuyo patrimonio crece a lo largo de su gestión, sin que sus ingresos reales justifiquen dicho crecimiento.
“Estamos presentando esta ley corta para que ya no pase lo que en estos 20 años ha pasado, fiscales que han entrado a robar al pueblo, jueces que hoy día hacen llorar al pueblo, jueces que con sueldos de 12.000, 13.000; hoy tienen casas de 200.000, 300.000 hasta un millón de dólares. Eso ya no puede pasar”, afirmó Bilbao.
Sostuvo además que, la propuesta normativa contempla la creación de mecanismos específicos para la investigación, seguimiento y regulación a los ingresos que perciben diferentes autoridades en la administración pública, cuya implementación deberá establecerse mediante la elaboración de reglamentos, labor que requerirá socialización y consensos.
Esta semana, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 5749, en el que se establece la reserva de identidad para los ciudadanos que denuncien la comisión de actos de corrupción en el Ministerio Público, Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la Policía Boliviana.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que la disposición busca proteger a los denunciantes de posibles represalias o algún tipo de reacción por parte de los denunciados. De esta forma se crea un mecanismo para que los ciudadanos puedan denunciar cobros ilegales, extorsiones, sobornos o cualquier otra exigencia indebida en actuaciones judiciales o administrativas, con la finalidad de que autoridades tomen acción y se haga el respectivo seguimiento.
Según Bilbao, son los cobros ilegales y las extorsiones por parte de funcionarios públicos, los que motivaron la presentación de una propuesta normativa para frenar la corrupción a través de la investigación de fortunas.
“Existe urgente necesidad de contar con una ley que fortalezca los mecanismos de control”, añadió.