Bolivia necesita ampliar el acceso a la vivienda. Pero el desafío no consiste solamente en construir más casas o aumentar los recursos públicos. También debemos comprender cómo funciona nuestra economía y por qué muchas familias que trabajan, producen y generan ingresos encuentran dificultades para acceder al crédito habitacional.
La máquina económica boliviana funciona mediante la coexistencia de tres estructuras: el Capitalismo, el Estado-feudal y el Ayllu. Cada una tiene su propia lógica: competencia, pertenencia y rivalidad. No funcionan de manera independiente; se yuxtaponen, chocan y se articulan, generando oportunidades, fricciones y obstáculos que influyen en la actividad económica.
El problema de la vivienda permite observar ese funcionamiento.
Por una parte, el Capitalismo organiza el financiamiento mediante criterios de rentabilidad, garantías, capacidad de pago y evaluación del riesgo. Por otra, el Estado establece regulaciones, obligaciones y mecanismos de intervención que pueden facilitar o dificultar el acceso al crédito. Mientras tanto, amplios sectores de la economía, vinculados a actividades comerciales, transporte, construcción y trabajo por cuenta propia, generan ingresos sin ajustarse necesariamente a las formas convencionales del empleo asalariado.
Aquí aparece una contradicción: la máquina económica produce ingresos, pero una parte de ellos no logra convertirse fácilmente en capacidad reconocida de acceso al crédito.
Un albañil puede construir viviendas para otros sin conseguir financiamiento para la suya. Un comerciante puede tener ingresos suficientes para pagar una cuota, pero no contar con los documentos que exige una entidad financiera. No siempre falta capacidad de pago; a veces existe una distancia entre la realidad económica de las familias y los mecanismos utilizados para reconocerla.
Las tasas reguladas del crédito de vivienda social buscaron facilitar el acceso, pero las condiciones regulatorias, por sí solas, no garantizan que el financiamiento llegue a quienes lo necesitan. Es necesario evaluar cómo inciden los costos, los riesgos y las exigencias institucionales en las decisiones de las entidades financieras.
Una alternativa consiste en estudiar la utilización de los recursos del fondo pro vivienda, vinculados al aporte patronal del 2%, como respaldo parcial de créditos habitacionales. Una garantía bien diseñada podría facilitar operaciones que hoy no se concretan, siempre que se comprueben su viabilidad legal, la disponibilidad de los recursos y las condiciones financieras del mecanismo.
No se trata de otorgar créditos sin evaluar riesgos, sino de buscar formas de articular la capacidad económica de las familias con las exigencias del sistema financiero.
La vivienda también moviliza al conjunto de la máquina económica. Cada construcción genera actividad para albañiles, arquitectos, ingenieros, transportistas, comerciantes y proveedores de materiales. Ampliar el financiamiento puede contribuir al empleo y la inversión, siempre que existan suelo urbanizado, servicios básicos, planificación y seguridad jurídica.
El Estado debe establecer reglas claras; los municipios, facilitar un desarrollo urbano ordenado; la banca, evaluar nuevas formas de demostrar ingresos; y el sector constructor, ofrecer opciones adecuadas a distintas capacidades económicas.
Bolivia necesita una política habitacional que parta de la economía que realmente tiene, no de una imagen homogénea de cómo deberían trabajar, producir y generar ingresos sus ciudadanos.
El desafío es articular las capacidades existentes, reducir las barreras financieras y convertir el acceso a la vivienda en una oportunidad de inversión, empleo y desarrollo económico para Bolivia.
El autor es sociólogo.