Concluye la quema de madera y solo aguardan audiencia del 20 de octubre

Se terminó de incinerar el cargamento de madera en Chile. El Juzgado de Garantía de Arica resolvió el 8 de octubre que realizará una audiencia de cautela de garantías el próximo 20 de octubre, para analizar la legalidad de la evidencia de esta investigación penal. Mientras el Instituto de Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) denuncia que la destrucción impedirá realizar peritajes independientes y dejará en total indefensión a los exportadores.
La institución sostiene que la destrucción de las maderas bolivianas retenidas en Arica impedirá realizar peritajes independientes, dejará en total indefensión a los exportadores, provocará un deterioro de la relación bilateral y abrirá la posibilidad de una demanda internacional contra Chile.
La indebida retención de casi 60 contenedores con maderas bolivianas en tránsito por Arica hacia ultramar, no solo viola el Tratado de Paz y Amistad de 1904, sino que contraviene el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, incumple la propia legislación chilena al no garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, y la inmisericorde quema de nuestras maderas, destruyendo la evidencia de la inocencia de nuestros exportadores, puede llevar a Chile a una demanda internacional y a un deterioro de la relación bilateral, dijo el gerente General del IBCE, Gary Rodríguez.
La Fiscalía Regional de Arica no quiere reconocer su craso error, de denunciar la «incautación histórica» de 108 toneladas de sustancias controladas en maderas «impregnadas» de origen boliviano, sin aportar una sola prueba consistente, ya que se sabe que eso no es posible por el tipo de maderas tropicales duras que exportamos, agregó.
Versiones
“James Craig Kuykendall, exagente Especial de la DEA, y Scott Richard Oulton, exjefe Forense de la DEA, ambos peritos certificados en la materia, así como el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo (Cirad), de Francia, afirman que las maderas tropicales duras exportadas por Bolivia no se pueden “impregnar”, mientras que un eurodiputado reclamó a la Comisión de la Unión Europea por esta situación.
La pérdida económica supera los 30 millones de dólares -pero dado el lucro cesante y el daño a toda la cadena productiva, podría subir a 300 millones-, además que ya se han perdido 20.000 empleos y el daño a la imagen-país, no tiene precio, apunta la institución.
Contramuestras
Mientras tanto, el delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado, informó a Aquí Arica, que se resguardó tal como señala la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico de drogas, que quedarán contramuestras bajo custodia del Instituto de Salud Pública (ISP), para que se realice un nuevo análisis en caso de que alguna diligencia así lo requiera, según el medio digital El Mostrador de Chile.
“Cuando me reuní con los senadores de Bolivia la semana pasada, les comenté que por Ley 20.000, todo tiene que tener una contramuestra. Por lo tanto, de todo lo que se destruyó, el Servicio de Salud tiene contramuestra, y las debe tener almacenadas hasta por dos años”, precisó.
Audiencia judicial
Después de sendas solicitudes realizadas por el abogado Daniel Guevara Cortés y luego por el exfiscal Alejandro Peña Ceballos –que asumió la semana pasada la defensa de cuatro empresas–, finalmente el Juzgado de Garantía de Arica resolvió el 8 de octubre que realizará una audiencia de cautela de garantías el próximo 20 de octubre, para analizar la legalidad de la evidencia de esta investigación penal.
En esa cita judicial podrán intervenir los defensores de las empresas madereras, quienes en sus escritos han alegado que debió haberse paralizado la destrucción de los cargamentos, ya que habían diligencias pendientes en la Fiscalía Regional y también porque el órgano persecutor había requerido con fecha de 21 de septiembre al Servicio de Salud que detuviera este proceso por la misma razón.
Al ser consultado sobre la pertinencia que tiene esta audiencia acerca de si ya no existe madera por cautelar, el abogado Daniel Guevara dijo que “es difícil prever lo que dictaminará el magistrado. No sé qué podrá pasar en caso de que su resolución se convierta en ineficaz, al conocer que todas las maderas ya fueron quemadas. Es altamente preocupante cómo la aplicación de la Ley 20.000, a través de una resolución reservada del 8 de agosto, infringió el debido proceso internacional del derecho”.
“Esto va a ser materia no solo de litigación nacional reparatoria, sino también de nivel internacional en contra del Estado de Chile. Quienes crean que han actuado conforme a derecho en materia nacional tienen que saber que se tiene que actuar con el orden jurídico integrado no solo entre Chile y Bolivia, sino con los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Destruir una evidencia bajo el amparo de una ley restrictiva como la Ley 20.00 tendrá que ser revisado con la idea de generar un resarcimiento de los perjuicios causados”, de acuerdo con la nota del medio Aquí Arica, publicado en El Mostrador.