Terraceo ilegal en el cerro “La Barqueta” de Achumani

Una inspección técnica de fiscalización constató la presencia de maquinaria pesada realizando movimientos de tierra y trabajos de terraceo en las laderas del cerro “La Barqueta”, un área municipal forestal ubicada frente a la calle 30 de Achumani.
La intervención legislativa se produjo en respuesta al urgente llamado de alerta formulado por la comunidad de Achumani, cuyos habitantes denunciaron la continua movilización de excavadoras y equipo pesado, operando de forma activa en las laderas del talud natural. Al llegar al sitio exacto de la denuncia, la concejal Casimira Lema remarcó la necesidad de intervenir de inmediato en defensa de la seguridad ciudadana y de los bienes públicos: “Al llamado de los vecinos de la zona de Achumani, exactamente en la calle 30, nos apersonamos. Hay preocupación, hay movimientos de tierra en pleno cerro”.
Durante el recorrido de fiscalización en el área afectada, el encargado o representante legal de las obras sostuvo que los trabajos cuentan con respaldo normativo emitido por otras instancias subnacionales ajenas a la jurisdicción del municipio de La Paz, exhibiendo cartelería informativa referente a una supuesta “Urbanización Nuevo Sembradío” y un “Certificado de Dispensación” ambiental.
Al ser interrogado sobre el origen de los permisos con los que operan, el responsable de la obra afirmó de forma categórica: “Esto es de la Alcaldía de Palca (…) sí, y la Gobernación también. Ahí tenemos el poder y tenemos como ven, todos los permisos que nos han otorgado”.
Esta afirmación fue cuestionada severamente por las autoridades ediles y los propios vecinos del sector, quienes señalaron que este tipo de autorizaciones vulnera la potestad territorial del municipio paceño en áreas clasificadas expresamente como franjas de protección ambiental y no edificables. Un habitante afectado denunció de forma directa esta irregularidad: “Eso es parte de la tramoya que siempre sigue adelante Palca y Mecapaca, que se apropian de terrenos que no les pertenecen y que dan autorizaciones sin tener la potestad para ello”.
Asimismo, los pobladores alertaron sobre la alteración del entorno natural para la apertura sistemática de accesos clandestinos: “Aquí estamos viendo de que existen ya prácticamente caminos para que puedan entrar, prácticamente esto ya se lo han apropiado”.
Otro de los vecinos expuso la enorme gravedad técnica que implica intervenir el montículo protegido y catalogado oficialmente como franja verde: “Personas con supuestos papeles de Palca están terraceando el cerro, que en realidad es un área forestal, un área verde, y está así denominado dentro de los planos de la Alcaldía y del municipio”.
La mayor preocupación de los residentes radica en la inestabilidad histórica de la ladera y en el riesgo inminente que representa para la seguridad física de las familias asentadas en la parte baja: “Tememos por nuestra seguridad porque ya ha habido derrumbes en la zona, el río colapsa, después hay inundaciones (…). Entonces estos movimientos de tierra exponen y ponen en peligro nuestra vida”.
Ante la gravedad del hecho y la constante amenaza geológica que pesa sobre la cuenca, la concejal Casimira Lema ratificó el compromiso de la comisión fiscalizadora del Concejo Municipal para exigir una respuesta drástica e inmediata desde la administración central: “La Alcaldía tiene que tener la fuerza. Nosotros como Concejo, yo como concejal, fiscalizo. La última palabra la tiene el Ejecutivo”.
En esa misma línea de acción institucional, el arquitecto Alejandro Segovia informó que se iniciaron formalmente los procedimientos administrativos para paralizar las obras y requerir la pronta intervención de los técnicos ediles: “Con la concejal Casimira Lema y en coordinación con los vecinos, aperturamos el caso 3045 en la Red de Emergencias del Gobierno Municipal. La Subalcaldía Sur, mediante la Unidad de Fiscalización, tiene el deber de mandar el personal técnico para hacer la fiscalización correspondiente”.
Este episodio no constituye un hecho aislado en la zona sur paceña, sino la reincidencia de un esquema de avasallamiento denunciado con anterioridad por el Ejecutivo Municipal en 2025. Previamente, tras reportes ciudadanos de la misma calle 30 de Achumani, detrás del asilo San Ramón, personal de la Autoridad Ambiental Municipal y las subalcaldías Sur y Hampaturi ya habían verificado intervenciones ilegales en el sector. En aquella oportunidad, el entonces secretario Municipal de Planificación, Diego Chávez, reveló que la persona a cargo presentó la Resolución 032/2025 emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Palca (GAMP), norma cuya letra chica estipulaba: “La presente autorización tiene por objeto el movimiento de tierras, la cual está emplazada en un área terreno de 10.195 m2, el trabajo a realizar solo contempla la apertura de vías y no así terraceo para la nivelación de lotes”.
Al respecto, la autoridad edil de planificación denunció enfáticamente el modus operandi interinstitucional: “El GAMP, en complicidad con grupos de loteadores, avasalladores, otorga permisos en la jurisdicción de La Paz, precisamente generando inseguridad en la población”.